Colombia limita la ayuda internacional mientras enfrenta la devastación dejada por el terremoto
BOGOTÁ, Colombia, 15 agosto.— Cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, la búsqueda de sobrevivientes continúa entre edificios derrumbados mientras el país comienza a dimensionar una catástrofe que ha dejado al menos 287 muertos, cerca de 4.000 heridos y cientos de desaparecidos.
En medio de la emergencia, una decisión del recién instalado Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha abierto otra controversia: Bogotá decidió limitar la entrada de equipos internacionales de búsqueda y rescate, pese a las ofertas formuladas por varios países.
El Gobierno sostiene que la medida responde a criterios estrictamente técnicos y a la capacidad que posee Colombia para atender desastres, además de la exigencia de certificaciones internacionales para los equipos extranjeros.
Sin embargo, la decisión ha provocado cuestionamientos debido a que algunas brigadas latinoamericanas con amplia experiencia no recibieron autorización para participar cuando transcurrían las horas consideradas más importantes para encontrar personas con vida bajo los escombros.
La controversia ocurre mientras el terremoto se convierte en la primera gran crisis del Gobierno de De la Espriella, quien había asumido la Presidencia apenas unos días antes del desastre.
El sismo ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Su impacto alcanzó una extensa zona del occidente colombiano, provocando derrumbes y graves daños en viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras desde Buenaventura hasta Cali, Pereira y otras ciudades del interior.
Reuters y The Associated Press han documentado la magnitud de la destrucción y las dificultades de las operaciones de búsqueda.
Para este viernes, AP situaba el balance por encima de los 280 fallecidos, con miles de heridos y más de 12.000 viviendas destruidas, mientras cientos de personas continuaban desaparecidas. Reuters reportó igualmente cerca de 4.000 lesionados y alrededor de 400 desaparecidos en los balances de las últimas horas.
Un presidente recién llegado frente a su primera gran crisis
De la Espriella, un abogado penalista conservador que llegó al poder sin experiencia previa en cargos públicos electivos, había jurado como presidente menos de 72 horas antes del terremoto.
La transición desde el Gobierno de Gustavo Petro había generado interrogantes sobre la capacidad de reacción de una administración que apenas comenzaba a instalar sus equipos. Sin embargo, las instituciones colombianas activaron los mecanismos de emergencia y el mandatario asumió personalmente la conducción política de la respuesta.
De la Espriella declaró la emergencia nacional y se trasladó a las zonas afectadas, mientras organismos de socorro, bomberos, Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y voluntarios comenzaron a buscar sobrevivientes. AP destacó que la estructura institucional colombiana permitió una respuesta relativamente rápida pese al cambio de Gobierno.
Reuters también ha señalado que la movilización de numerosas instituciones permitió desarrollar operaciones organizadas de rescate, especialmente en ciudades como Cali, aunque persisten preocupaciones sobre comunidades aisladas y zonas de difícil acceso del Chocó.
No obstante, antiguos responsables de gestión de riesgos han señalado que la transición política pudo provocar retrasos en determinadas áreas de coordinación y en el despliegue de personal especializado hacia departamentos y municipios.
La controversia por los rescatistas extranjeros
La mayor polémica surgió cuando el Gobierno estableció límites para recibir brigadas internacionales de búsqueda y rescate.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, explicó que Colombia aceptaría inicialmente equipos procedentes de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, argumentando que cumplían con los estándares internacionales exigidos para estas operaciones.
Las autoridades han defendido que Colombia dispone de una importante capacidad propia de búsqueda y rescate, con equipos especializados pertenecientes a bomberos, Fuerzas Militares, Policía y Defensa Civil.
Entre ellos figura el equipo colombiano USAR COL-1, vinculado al sistema internacional de búsqueda y rescate INSARAG, coordinado bajo el marco humanitario de Naciones Unidas.
La posición oficial es que una emergencia de esta magnitud no implica necesariamente aceptar todas las brigadas ofrecidas desde el exterior, debido a que la llegada de equipos sin la acreditación requerida puede generar problemas adicionales de coordinación, logística y seguridad.
Pero esa explicación no ha eliminado las dudas.
AP informó que Colombia inicialmente rechazó buena parte de la asistencia internacional de búsqueda y rescate, aunque continuó aceptando ayuda humanitaria, una política que provocó críticas y algunas tensiones diplomáticas.
México, Brasil y Chile entre las ofertas que no prosperaron
México fue uno de los países afectados por las restricciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los rescatistas militares mexicanos no habían recibido autorización para viajar porque Bogotá solicitó certificaciones adicionales. México cuenta con una extensa experiencia en búsqueda de sobrevivientes tras terremotos, aunque algunos de sus equipos todavía se encuentran dentro de procesos de validación internacional.
Ante esa situación, México continuó enviando asistencia humanitaria, pero sus brigadas especializadas no pudieron incorporarse inicialmente a las búsquedas.
Brasil también ofreció colaboración. Informaciones divulgadas en ese país indicaron que las autoridades brasileñas no obtuvieron inicialmente una respuesta favorable para el envío de rescatistas, por lo que la cooperación se orientó posteriormente hacia suministros humanitarios.
La controversia adquirió una dimensión política porque varios de los gobiernos cuyas brigadas encontraron obstáculos mantienen diferencias ideológicas con la nueva administración colombiana.
Sin embargo, el caso de Chile debilitó parcialmente esa interpretación.
El Gobierno chileno también ofreció equipos USAR especializados y su colaboración no fue aceptada inicialmente, pese a que Chile cuenta con una reconocida experiencia en terremotos y su actual Gobierno mantiene mayor cercanía política con De la Espriella.
Especialistas consultados por medios internacionales han señalado, además, que rescatistas chilenos participaron en procesos relacionados con la acreditación de capacidades colombianas, por lo que conocen los protocolos utilizados en el país.
¿Criterios técnicos o políticos?
La pregunta comenzó entonces a dominar el debate: ¿la selección de los países obedeció exclusivamente a requisitos técnicos o existieron también consideraciones políticas?
Hasta ahora no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que el Gobierno colombiano rechazó brigadas por razones ideológicas. La explicación oficial sigue siendo que las decisiones fueron adoptadas sobre la base de certificaciones y estándares internacionales.
Pero la selección de determinadas delegaciones, frente a las dificultades encontradas por otras, alimentó las sospechas.
China también mostró inquietud sobre la coordinación de la asistencia, mientras preparaba ayuda financiera y suministros para Colombia.
Al mismo tiempo, equipos venezolanos participaron en labores de búsqueda en Pereira, aportando experiencia adquirida apenas semanas antes durante los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.
Posteriormente, otras delegaciones internacionales comenzaron a incorporarse. AP reportó este viernes la participación de equipos de Venezuela, Argentina e Israel junto con los rescatistas colombianos, cuando todavía aparecían señales que mantenían la esperanza de localizar personas con vida.
Cada hora cuenta bajo los escombros
La discusión sobre la asistencia extranjera adquiere especial relevancia porque los primeros días posteriores a un terremoto son determinantes.
La mayoría de los rescates se producen durante las primeras 24 horas y las posibilidades de supervivencia disminuyen progresivamente, aunque existen casos extraordinarios de personas encontradas con vida después de muchos días. Factores como acceso al agua, aire respirable, temperatura, lesiones y la existencia de espacios protegidos entre los escombros pueden prolongar la supervivencia.
En Cali y Pereira, los rescatistas han pedido repetidamente silencio absoluto alrededor de estructuras colapsadas para intentar detectar voces, golpes o cualquier otra señal procedente del interior.
Reuters informó que en varios puntos de Cali las operaciones habían comenzado a pasar de búsqueda y rescate a retirada de escombros después de las primeras 72 horas, aunque en determinados lugares continuaba la esperanza.
Este viernes esa esperanza volvió a crecer después de que equipos de rescate detectaran posibles señales de vida debajo de estructuras destruidas en dos de las ciudades más golpeadas.
Miles de familias sin vivienda
Mientras las operaciones de rescate entran en una nueva fase, emerge otro desafío posiblemente mayor: atender a decenas de miles de damnificados y reconstruir las zonas destruidas.
Miles de viviendas resultaron destruidas o seriamente afectadas. También existen daños importantes en escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras públicas.
En algunos lugares los sobrevivientes permanecen en refugios improvisados o duermen fuera de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes y réplicas. Las necesidades incluyen agua potable, alimentos, medicamentos, pañales, atención sanitaria y alojamiento temporal.
La emergencia afecta particularmente a comunidades históricamente vulnerables del oeste colombiano, incluyendo poblaciones del Chocó donde las dificultades de acceso complican tanto la evaluación de daños como la distribución de asistencia.
De la Espriella anunció la creación de un fondo de emergencia destinado a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura, mientras el Gobierno comienza a pasar gradualmente de la fase inmediata de rescate hacia la recuperación.
El desafío de determinar qué edificios pueden seguir habitados
Una necesidad urgente será disponer de suficientes ingenieros estructurales para evaluar miles de edificaciones.
No basta con determinar cuáles inmuebles colapsaron. Las autoridades deberán establecer qué viviendas aparentemente en pie pueden volver a ser ocupadas, cuáles necesitan reparaciones profundas y cuáles representan un peligro y deberán ser demolidas.
Especialistas y voluntarios han comenzado a organizar equipos para realizar evaluaciones rápidas de estructuras, mientras las administraciones locales intentan determinar la magnitud definitiva de los daños.
Las primeras estimaciones citadas por Reuters colocan los costos de reconstrucción alrededor de 6.000 millones de dólares, aunque la cifra puede cambiar significativamente conforme avance la evaluación nacional.
El Banco Mundial informó, además, el desembolso de 200 millones de dólares para apoyar las necesidades inmediatas y la recuperación de Colombia, particularmente en áreas como salud pública, vivienda y pequeñas y medianas empresas. El organismo inició también una evaluación rápida de daños y pérdidas económicas para ayudar a establecer las prioridades de reconstrucción.
Una decisión que seguirá bajo escrutinio
La tragedia encontró a Colombia en un momento político excepcional: un presidente recién juramentado, una administración todavía en formación y una emergencia que golpeó simultáneamente grandes ciudades y comunidades apartadas.
La capacidad nacional de búsqueda y rescate ha permitido desplegar cientos de especialistas y salvar vidas. Ese hecho constituye el principal argumento del Gobierno para defender que no era necesario aceptar indiscriminadamente todos los equipos ofrecidos desde el extranjero.
Pero las críticas se concentran en otra cuestión: si existían brigadas experimentadas disponibles, ¿era conveniente establecer tantas restricciones cuando cada hora podía significar la diferencia entre encontrar una persona viva o recuperar un cadáver?
La respuesta definitiva probablemente dependerá de una evaluación posterior de cómo se tomaron las decisiones, qué capacidades estaban disponibles en cada momento y si alguna oferta internacional pudo haber acelerado las búsquedas.
Por ahora, la prioridad continúa entre las ruinas. Colombia sigue buscando desaparecidos, atendiendo miles de heridos y tratando de proporcionar refugio a quienes perdieron sus hogares, mientras comienza a enfrentar una reconstrucción multimillonaria que marcará los primeros meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La polémica sobre la ayuda internacional permanecerá como uno de los primeros grandes exámenes de su gestión: determinar si la decisión de limitar la llegada de rescatistas fue una aplicación rigurosa de protocolos técnicos o una restricción innecesaria en las horas más críticas de una de las mayores tragedias recientes de Colombia.