Cómo Alberto Fujimori se volvió «el preso más caro» de Perú y por qué la justicia del país quiere acabar con sus «privilegios carcelarios»

Lima, Perú (BBC News Mundo) , Oct 11 – Mientras las cárceles de Perú se encuentran entre las más sobrepobladas de América Latina, hay una exclusiva prisión en la que vive un solo reo.

No tiene celdas. Cuenta con tres estancias, biblioteca, un taller para pintar, una cocina, sala de reuniones, enfermería e, incluso, un huerto.

Para mantenerla y cuidar de su único preso, solo en 2020, el gobierno invirtió unos US$ 172.000 dólares, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes.

Y es que allí, en la prisión de Barbadillo, en el barrio de Ate, en Lima, no está solo «el preso más caro de Perú», sino también el más famoso: el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Desde hace años, las «comodidades» con las que cuenta el exmandatario -comparadas con las condiciones de insalubridad y hacinamiento en la que viven la mayoría de los presos del país- ha sido objeto de numerosas investigaciones, cuestionamientos y controversias.

Pero ahora, por primera vez en más de una década, el gobierno ha mostrado la intención de cambiarlo a una prisión común.

La pasada semana, el ministro de Justicia Aníbal Torres dijo a una radio local que Fujimori «no puede tener privilegios» y que sería trasladado a otro penal cuando mejore su estado de salud (fue sometido a una intervención cardiaca recientemente) «porque así lo establece la ley».

«La ley dice que todos los que han delinquido se tienen que encontrar en las mismas condiciones», indicó Torres.

«Un alto criminal que cometió graves delitos desempeñando un alto cargo público, como el de la presidencia de la república, no debe tener un tratamiento diferente a otros criminales», agregó.

La familia y los seguidores del exmandatario se han opuesto por años a que sea ubicado en un penal común por «motivos de seguridad».

BBC Mundo intentó comunicarse con el abogado de Fujimori, César Nakazaki, para conocer la posición de la familia y la defensa ante su eventual traslado y sobre las condiciones que tiene en el actual penal, pero no tuvo respuesta inmediata.

Sin embargo, la pasada semana, la hija del exmandatario, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, responsabilizó al actual gobierno de lo que pueda pasar a su padre ante un potencial cambio de penal.

«Considero que cambiar de penal a mi padre, el intento del gobierno de Pedro Castillo, sería atentar contra la vida de Alberto Fujimori», dijo.

El anuncio del potencial cambio tiene lugar luego de que a finales de agosto, las autoridades trasladara también de una cárcel en una base naval a una prisión de máxima seguridad al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en lo que fue visto como un giro a la «política de privilegios» hacia miembros del gobierno que tuvo el poder entre 1990 y 2000.

La cárcel

Según cuenta a BBC Mundo la abogada Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, la decisión de crear una cárcel especial para Fujimori se decidió a partir de su extradición de Chile, donde fue detenido tras escapar a Japón.

«Entonces, durante el gobierno de Alan García (2006-2011) se decide crear este pequeño penal dentro de la Diroes (la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía) para que él pudiera estar, pero también para que estuviera cerca de una sala de audiencias y no se tuviera que correr el riesgo de trasladarlo cada día», dice.

Sin embargo, cuando el juicio terminó y Fujimori fue sentenciado, no fue enviado a un penal común a cumplir su condena, pues según Cano, entonces se consideraba que no cumplían con las condiciones para garantizar su seguridad.

«Sin embargo, eso fue tomando otro cariz cuando comenzó a conocerse de las condiciones en las que estaba, que no tiene nada malo, pero que sí estaría bien que las tuvieran entonces todas las prisiones y todos los presos», dice.

Según reportes de investigaciones oficiales que se han filtrado la prensa peruana, la parte que ocupa Fujimori abarca un área de 800 metros cuadrados al interior de la Diroes.

La habitación donde duerme tiene unos 15 metros cuadrados, una cama ortopédica y televisión. En su prisión, tiene también baño propio, la cocina está equipada, tiene comedor y una sala de visitas de aproximadamente 20 metros cuadrados.

Esto ocurre en un país donde, según datos del Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, las cárceles tienen una sobrepoblación del 223,6%.

«A esto se suman los costos, que van desde el personal hasta los servicios y la seguridad. Lógicamente en una cárcel normal, el costo se distribuye entre los presos, pero aquí es todo para un solo preso y mantener un penal para una sola persona es muy oneroso para el Estado peruano», opina Cano.

Según datos del INPE, los costos de la prisión de Fujimori se han ido multiplicando a lo largo de los años.

Entre 2011 y 2015 se calculó que el gobierno gastaba unos US$107.632 al año en Barbadillo. Para 2020, había aumentado en más de un 60%.

Datos del INPE sugieren que, mientras en la mayoría de las cárceles del país existe un empleado por cada nueve reos, donde está Fujimori hay una veintena de trabajadores solo para él.

Entre ellos se incluyen enfermeras que cubren los días completos en turnos de ocho horas, un médico, una decena de guardias de seguridad, más el personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento y de movilidad (por si Fujimori, como ha pasado en varias ocasiones, necesita ser trasladado a un hospital).

En la última década, numerosos reportes de prensa dieron cuenta de que el exmandatario llegó a recibir decenas de visita por día y que incluso se realizaron juntas partidistas en las instalaciones.

«Son una serie de privilegios que generalmente no tienen los reos. Nadie dice que no pueda tener un huerto, que pueda tener una biblioteca o un cuarto en lugar de una celda, pero lo que llama mucho la atención es que sea únicamente para él y que el resto de los presos del país no cuenten con esas condiciones», señala Cano.

«Si él los tiene, entonces cualquier persona en prisión debería de tener la posibilidad de tener un taller, un huerto o una biblioteca y todas las condiciones con las que cuenta, o de lo contrario, estar en una cárcel común, pero con las mismas condiciones carcelarias de los otros», agrega.

Las dudas

Sin embargo, aunque se han denunciado por años, los exclusivos privilegios de Fujimori, moverlo a un penal común ha sido una decisión que ningún gobierno se ha atrevido a tomar.

El argumento generalmente ha sido que los otros penales no existen -y tampoco se han creado- las condiciones de seguridad para que pueda estar y los familiares temen que la vida del exmandatario corra peligro.

Pero analistas como Cano creen que también ha existido una razón política: el anciano exmandatario de 83 años y sus seguidores son todavía una fuerza poderosa en Perú.

«No ha habido voluntad real de los gobiernos en cambiarlo a otro penal porque hemos tenido etapas muy fuertes en los que el fujimorismo ha sido incluso mayoría en el Congreso y siempre se ha corrido con la amenaza de que si se tocaba a Fujimori podían tener algún tipo de repercusión desde el Congreso, no otorgándole gobernabilidad al país», señala la abogada.

De hecho, indica, fue esta una de las situaciones que tuvo que enfrentar el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en el poder y que lo llevó a darle el indulto «humanitario» que luego fue anulado por un juez.

Sin embargo, para la experta en derechos humanos la situación de «privilegios» de Fujimori no debería verse como una cuestión política, sino de justicia.

«El gobierno debería verlo por lo que es: esta no es una situación política, sino puramente legal. Hay un preso por el cual el Estado está abonando una cantidad de dinero que no se tiene y que, en una situación como la que estamos de crisis, no solamente económica, sino política, el gobierno debería tener este tipo de asuntos ya zanjados», opina.

«Y si esa persona puede tener un nivel de seguridad en otra cárcel, ojalá que lo pueda hacer para evitar también gastos innecesarios al Estado y a los contribuyentes», agrega.