COMTEC expresa inquietud por la Ley DNI y pide modificaciones para resguardar derechos ciudadanos
Santo Domingo, 18 de enero – La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), integrada por Claro Dominicana, Altice, Onemax y Wind Telecom, manifestó una seria preocupación ante la reciente aprobación y promulgación de la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta preocupación radica en disposiciones que, según la asociación, podrían desviarse de las salvaguardas constitucionales destinadas a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Claudia García, directora ejecutiva de COMTEC, expresó la inquietud del sector ante las nuevas facultades otorgadas a la DNI por la ley, las cuales podrían autorizar a la entidad a acceder directamente a datos personales y llamadas en los sistemas de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sin requerir la autorización previa de un juez.
“La facultad concedida a la DNI para ‘garantizar’ la seguridad de los sistemas de las prestadoras de servicios en defensa de la seguridad nacional frente a ataques cibernéticos podría vulnerar los derechos de intimidad y privacidad de los usuarios. Estos derechos han sido protegidos por la Constitución dominicana y la Ley General de Telecomunicaciones, principios que respaldó el Tribunal Constitucional dominicano en la Sentencia número TC-0200-13 del año 2013”, destacó García.
La representante gremial señaló que las atribuciones conferidas a la DNI por la nueva ley representan una intervención estatal que carece de correlación con el propósito legislativo original. Además, resaltó que las redes de telecomunicaciones ya operan en cumplimiento de las normativas vigentes y cuentan con sistemas de seguridad cibernética que cumplen con estándares internacionales para garantizar la integridad y privacidad de la información de los usuarios.
COMTEC considera imperativo que el Poder Ejecutivo proponga modificaciones a los Artículos 9 y 11 de la ley para evitar confusiones de roles y centrar las funciones de la DNI en labores de inteligencia del Estado. La asociación argumenta que esta acción sería coherente con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y ejercicio normativo del poder, asegurando así los derechos fundamentales de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
