Condenan a 15 años de prisión a tres integrantes de red dedicada al tráfico de haitianos indocumentados
Santo Domingo, 27 agosto.– Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a dos hombres y una mujer de nacionalidad haitiana, acusados de integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y al robo de identidad.
La sentencia fue impuesta, a solicitud del Ministerio Público, contra Wilex Agustín, conocido como “Alex”; Majorit Bautista, alias “Majorie la Morena”, y José Ramón De León Gil, apodado “Pedro”.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, los condenados operaban desde el distrito municipal La Canela, donde establecieron rutas, horarios y diferentes estrategias para evadir los controles migratorios y de seguridad e introducir de manera irregular a ciudadanos haitianos en territorio dominicano.
La investigación de campo, encabezada por el procurador fiscal Juan Osvaldo García, director del referido departamento, determinó que la organización utilizaba distintos tipos de vehículos para transportar a los migrantes.
También disponía de una amplia residencia de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano, ubicada en La Canela, que era utilizada para alojar y esconder a los extranjeros indocumentados. Según el Ministerio Público, estas actividades generaban a los integrantes de la red sumas indeterminadas de dinero en efectivo.
Las diligencias realizadas antes de los allanamientos permitieron establecer que los acusados introducían a los migrantes por la frontera norte, específicamente a través de Dajabón, y posteriormente los trasladaban hasta La Canela, en Santiago.
Luego de varias horas de vigilancia continua, el procurador fiscal Juan Osvaldo García, acompañado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), ejecutó las órdenes de allanamiento en la vivienda utilizada para ocultar a los indocumentados.
Durante el operativo fueron arrestados Wilex Agustín y Majorit Bautista, mientras que José Ramón De León Gil emprendió la huida.
En una camioneta Toyota y un automóvil Chevrolet estacionados en la residencia fueron encontrados cuatro adultos y dos menores de edad, todos de nacionalidad haitiana y sin documentos que justificaran su permanencia legal en la República Dominicana.
Los extranjeros fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración. Otros seis migrantes indocumentados fueron localizados escondidos en varias habitaciones y en el sótano de la vivienda.
Durante el juicio, la fiscal litigante Jenniffer Rodríguez presentó múltiples evidencias y el testimonio de uno de los extranjeros introducidos irregularmente al país.
El testigo explicó cuándo, cómo y en cuáles circunstancias fue trasladado a la República Dominicana. También reconoció e identificó a los acusados como las personas que hicieron contacto con él para organizar la operación y reveló que pagó una suma indeterminada de dinero por el traslado.
El tribunal, integrado por los jueces Rubén Rodríguez, Rubén Darío Cruz Uceta y Jasmín de los Santos, acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público y dictó la condena de 15 años de prisión.
Los acusados fueron declarados culpables de violar los artículos 1, literales F, G y H; 2, y 7, párrafo A, C, D y G, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en lo relativo al tráfico ilícito de migrantes.
En el caso de José Ramón De León Gil, el Ministerio Público presentó cargos adicionales por violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, debido a que usurpó la identidad de otro ciudadano dominicano, conforme a un informe emitido por la Junta Central Electoral.
De León Gil también fue acusado de infringir el artículo 14.4 de la Ley 8-92, que coloca bajo la dependencia de la Junta Central Electoral la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y las oficinas y agencias encargadas de expedir ese documento.
Además de cumplir la pena de prisión, los tres condenados deberán pagar multas equivalentes a 150 salarios mínimos del sector público en favor del Estado dominicano.
Las autoridades destacaron que la sentencia envía un mensaje claro de que las personas que se lucran del tráfico ilícito de migrantes enfrentarán todo el peso de la ley.
Asimismo, advirtieron que el Ministerio Público mantiene activa la persecución de las estructuras criminales dedicadas a esa práctica en todo el territorio nacional.