Condenan a 30 años de prisión a hombre que intentó matar a funcionaria de Conani e incendió su vivienda en Valverde
MAO, Valverde, 23 agosto.– El Tribunal Colegiado de Valverde condenó a 30 años de prisión a Rubén Antonio Pacheco, acusado de intentar asesinar a la encargada regional del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), cuya vivienda incendió después de amenazarla reiteradamente por la decisión de colocar bajo protección institucional a cuatro de sus hijos menores de edad.
Pacheco también profirió amenazas de muerte contra una fiscal de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia (Dinaf) del Distrito Judicial de Valverde y contra otro representante del Ministerio Público, de acuerdo con la acusación presentada durante el proceso.
La sentencia fue dictada por los jueces Milagros del Amor Estévez, Dariana Peñaló y Rikelmy Padilla Bard, quienes acogieron la solicitud del Ministerio Público y dispusieron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.
Las víctimas principales del proceso fueron Yaniri Cecilia Quiñones Aranda, encargada de la Oficina Regional Cibao Noroeste de Conani, con asiento en Mao, y la fiscal Carmen Estefanía Rodríguez.
Conflicto comenzó por protección de cuatro menores
Según la acusación del Ministerio Público, los acontecimientos comenzaron el 2 de noviembre de 2023, cuando, a solicitud de la fiscal Estefanía Rodríguez, Quiñones Aranda dispuso, en su condición de representante regional de Conani, colocar bajo protección institucional a cuatro hijos menores de edad de Pacheco.
Las autoridades determinaron que los niños se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, por lo que procedieron conforme a los mecanismos establecidos para su protección.
Pacheco reaccionó de manera agresiva ante la medida.
De acuerdo con el expediente, se presentó en varias oportunidades en las oficinas de Conani para exigir que le fueran entregados los menores y, ante la negativa de la institución, comenzó a amenazar de muerte a Quiñones Aranda.
Posteriormente, el acusado consiguió el número telefónico de la funcionaria y empezó a enviarle mensajes intimidatorios.
En esas comunicaciones aseguraba conocer la ubicación de su residencia, así como las viviendas de los fiscales Carmen Estefanía Rodríguez y Joel Evangelista Vázquez. También afirmó tener conocimiento de los vehículos utilizados por los representantes del Ministerio Público.
Las amenazas fueron aumentando de intensidad.
Según la acusación, Pacheco llegó a conceder un plazo de siete días para que le devolvieran los niños y advirtió a Quiñones Aranda que, de no hacerlo, la mataría, alegando incluso haber cometido anteriormente hechos similares contra otras personas.
Incendió la vivienda durante la madrugada
Al no conseguir mediante amenazas que los menores fueran devueltos, Pacheco pasó de las intimidaciones a una acción directa contra la funcionaria.
El Ministerio Público estableció que durante la madrugada del 2 de enero de 2024 el acusado se trasladó hasta la vivienda de Quiñones Aranda y provocó intencionalmente un incendio en la parte frontal de la residencia.
La funcionaria se encontraba en el inmueble junto a su familia cuando ocurrió el ataque.
Las llamas alcanzaron una habitación y ocasionaron daños a diferentes bienes dentro de la propiedad antes de que miembros del Cuerpo de Bomberos consiguieran controlar el fuego.
Durante las investigaciones posteriores, las autoridades localizaron en el lugar un recipiente que, según la acusación, había sido utilizado para transportar el combustible empleado para iniciar el incendio.
También fue encontrada una caja de fósforos relacionada con la ejecución del ataque.
Además de las evidencias recuperadas en la escena, las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron los acontecimientos y sus imágenes fueron incorporadas al proceso judicial.
Admitió el ataque mediante mensajes
Después del incendio, Pacheco volvió a comunicarse con Quiñones Aranda.
En los mensajes, según estableció el Ministerio Público, se atribuyó directamente la responsabilidad del ataque y amenazó con realizar acciones de mayor gravedad contra ella y contra los fiscales Rodríguez y Evangelista Vázquez.
En una de las comunicaciones incorporadas como evidencia, el condenado hizo referencia expresa al atentado cometido contra la vivienda y advirtió que realizaría otro ataque.
Las amenazas fueron utilizadas por la Fiscalía para demostrar que el incendio no constituyó un acontecimiento accidental, sino la continuación de las intimidaciones iniciadas después de que Conani asumiera la protección de los cuatro menores.
Ministerio Público presentó las pruebas
Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Luis Enrique Taveras, quien presentó las evidencias recopiladas durante la investigación.
La Fiscalía sostuvo ante los jueces que las actuaciones de Pacheco configuraban delitos de tentativa de asesinato, incendio y amenazas de muerte contra la mujer.
El Ministerio Público estableció que las acciones atribuidas al procesado constituían violaciones a los artículos 434, 2, 295, 304, 309-1 y 309-3 del Código Penal, disposiciones utilizadas para sustentar jurídicamente la acusación y solicitar la pena máxima impuesta por el tribunal.
Las pruebas aportadas incluyeron los mensajes amenazantes enviados a la funcionaria, las evidencias recuperadas después del incendio y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la residencia atacada.
Tras valorar los elementos presentados durante el proceso, el Tribunal Colegiado de Valverde declaró culpable a Rubén Antonio Pacheco y lo sentenció a 30 años de reclusión.
El procurador fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, valoró la decisión judicial y reiteró el compromiso del Ministerio Público de ofrecer respuestas firmes frente a los hechos delictivos registrados en las comunidades de la provincia.
Mejía sostuvo que esa responsabilidad adquiere todavía mayor importancia cuando las autoridades deben enfrentar acontecimientos de la gravedad y delicadeza del caso que involucró a la representante regional de Conani y miembros del Ministerio Público.
Con la sentencia, Pacheco deberá permanecer recluido durante 30 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, conforme a lo dispuesto por los jueces que conocieron el proceso.