Condenan a otros siete integrantes de red desmantelada mediante Operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO, 12 agosto.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a otras siete personas y ordenó la clausura definitiva de tres empresas vinculadas a la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Búfalo NK, ejecutada en 2024.
Las sentencias fueron impuestas durante el conocimiento de un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público. Los integrantes de la organización criminal se declararon culpables luego de alcanzar acuerdos con el órgano acusador, los cuales fueron homologados por el tribunal.
Con estas decisiones aumentó a 14 el número de personas condenadas dentro del proceso penal contra la estructura transnacional, a la cual las autoridades le incautaron 1,824 kilogramos de drogas.
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el juez Raymundo Mejía condenó a Isidoro Rotestán Clase a siete años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario.
Francisco Morrobel Pérez recibió una condena de cinco años de prisión con suspensión de la pena y deberá pagar una multa de RD$50,000.
Asimismo, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron sentenciados, cada uno, a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
Durante el período de suspensión de sus respectivas condenas, los procesados deberán cumplir varias reglas establecidas por el tribunal, entre ellas mantener un domicilio fijo. En caso de incumplir esas condiciones, deberán cumplir la totalidad de la pena en prisión.
Tribunal clausura tres empresas
El tribunal también ordenó el cierre definitivo de las empresas Mariscos del Caribe Clase, S.R.L.; Mojos, S.R.L., y Elegant Records Productions, E.I.R.L.
Cada una de esas sociedades comerciales deberá pagar, además, una multa equivalente a 100 salarios mínimos por su vinculación con las operaciones de la estructura criminal.
En el proceso se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel de la Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany de la Cruz Paulino.
El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia por los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó los acuerdos alcanzados entre las partes.
Además de las penas privativas de libertad y las multas, se impusieron sanciones económicas por distintos montos y se ordenó el decomiso de diversos bienes, entre ellos 18 inmuebles, dinero en pesos y dólares, armas de fuego, municiones, vehículos y embarcaciones.
Otros condenados en el proceso
Por su participación en la misma red había sido condenado anteriormente Rafael Ynoa Santana, quien recibió la pena máxima de 10 años de prisión establecida por la legislación aplicable a estos casos.
Robert Nicolás Acosta fue sentenciado a siete años de prisión, mientras que Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier recibieron condenas de cinco años.
Maritza Flete Santana fue sentenciada a tres años de prisión. En esa parte del proceso, el tribunal también aplicó un criterio de oportunidad a favor de Juan Henríquez Tavárez.
Bienes y dinero decomisados
El tribunal dispuso el decomiso de 18 inmuebles, incluidos apartamentos y residencias ubicados en zonas de Punta Cana, provincia La Altagracia.
La medida también abarcó solares, terrenos y parcelas localizados en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en la provincia Azua, y La Romana.
Asimismo, fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.
Las autoridades también confiscaron US$97,700 y RD$17,412,085.91 vinculados con las actividades ilícitas atribuidas a la organización.
Estructura criminal operaba en varios países
La red estaba integrada por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, y mantenía conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con la investigación, la estructura tenía capacidad para operar simultáneamente en varias jurisdicciones y utilizaba rutas marítimas y aéreas para transportar cargamentos de cocaína a gran escala.
Por esas características, las autoridades la identificaron como una pieza importante dentro de las operaciones del narcotráfico internacional.
La investigación comenzó en 2020 con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de las autoridades colombianas.
Luego de varios años de labores de inteligencia y seguimiento, la Operación Búfalo NK fue ejecutada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.