Condenan a tres años a Miguelina Bello Segura por su participación en red que sustraía municiones de la Policía
Santo Domingo, 25 oct.– El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, quien admitió su participación en la red que sustraía y comercializaba municiones y pertrechos de la Policía Nacional, desmantelada mediante la Operación Pandora en noviembre de 2024.
La jueza Kenya Romero dictó la sentencia después de homologar un acuerdo en el que Bello Segura aceptó la acusación del Ministerio Público, se declaró culpable de los hechos y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.
La decisión establece que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras la mitad restante de la pena queda suspendida bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. También dispone el decomiso de los accesorios incautados.
Los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representaron al Ministerio Público y presentaron ante el tribunal las condiciones contempladas en el acuerdo.
Entre esas obligaciones figuran residir en un domicilio fijo y notificar cualquier cambio de residencia al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena. Asimismo, la condenada deberá abstenerse de viajar al extranjero sin autorización judicial, portar armas de fuego y abusar de las bebidas alcohólicas.
Bello Segura también tendrá que presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad designada para supervisar el cumplimiento de las condiciones. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 3:00 de la tarde.
Otra condena y cierre de una empresa
Como parte del mismo proceso, en septiembre pasado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El tribunal dispuso, además, la clausura definitiva de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por Rodríguez Toribio, y le impuso una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público.
La decisión incluyó el decomiso de los bienes incautados al condenado y a la referida razón social.
Coronel, capitán y otros cuatro acusados irán a juicio
El tribunal también dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución.
Junto a ambos oficiales fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez les fue sustituida la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000 mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público.
En el caso de Santos Rodríguez, el tribunal mantuvo las medidas de coerción que ya tenía impuestas: garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Acusación por un perjuicio superior a RD$92 millones
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura investigada mediante la Operación Pandora habría causado al Estado un perjuicio de RD$92,191,732.92 mediante la sustracción de miles de municiones y pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
El órgano persecutor sostiene que los acusados participaron directamente en maniobras para desviar bienes de la institución y venderlos de manera ilícita, con el propósito de obtener beneficios económicos en detrimento del patrimonio público.
La acusación comprende coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano.
También incluye infracciones a la Ley 631-16 sobre Armas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por la presunta legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y otros materiales relacionados.