CONEP pide aplazar entrada en vigor del Código Penal mientras Congreso retrasa aprobación de las reformas
Santo Domingo. La discusión sobre las modificaciones al Código Penal continuó este jueves ocupando el centro del debate nacional, en medio del retraso de la comisión bicameral del Congreso Nacional encargada de estudiar las 84 propuestas de modificación a la Ley 74-25. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados extender el plazo para la entrada en vigencia de la nueva legislación, al considerar que se requiere un período adicional para garantizar una implementación adecuada.
La comisión legislativa tenía previsto concluir en menos de 24 horas el análisis de las observaciones presentadas por distintos sectores de la sociedad para someter el proyecto a votación. Sin embargo, el cronograma sufrió retrasos debido al volumen de propuestas recibidas y a la necesidad de revisar cada una de ellas antes de presentar el informe definitivo.
En una comunicación remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP expuso su posición institucional sobre las modificaciones al Código Penal y explicó que sus planteamientos son el resultado de un amplio proceso de consultas realizado con organizaciones empresariales, empresas de diversos sectores, juristas y especialistas en distintas áreas del derecho.
La organización empresarial sostuvo que las recomendaciones presentadas buscan fortalecer la coherencia del texto legal, reforzar la seguridad jurídica y facilitar una aplicación efectiva de la nueva legislación, sin que ello implique disminuir la responsabilidad penal de quienes cometan infracciones.
Como parte de sus aportes, el CONEP informó que entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y observaciones específicas artículo por artículo. Entre los temas planteados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad del personal médico, la protección de la libertad de expresión y la incorporación de nuevos tipos penales relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados de relevancia para el sector privado.
La entidad insistió en que resulta necesario ampliar el período previsto para la entrada en vigencia del Código Penal, con el propósito de permitir una revisión más exhaustiva de las modificaciones y ofrecer el tiempo suficiente para la preparación de las instituciones y de los sectores llamados a aplicar la nueva normativa.
Asimismo, valoró la apertura mostrada por el Congreso Nacional durante el proceso de consultas y reiteró su disposición de continuar colaborando con la comisión bicameral hasta la conclusión de los trabajos.
Jurista alerta sobre riesgos en materia de difamación
En el debate también intervino el constitucionalista Miguel Valerio, quien advirtió sobre la necesidad de revisar cuidadosamente las modificaciones propuestas en torno a las figuras de difamación e injuria contempladas en el nuevo Código Penal.
El jurista consideró que, si la iniciativa es aprobada sin los ajustes correspondientes, funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que afecten injustamente su reputación.
Valerio recordó que la Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar la gestión pública, pero subrayó que esos derechos no deben confundirse con la difusión de imputaciones falsas.
"Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar", expresó el abogado, al señalar que la Carta Magna también protege el honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Según explicó, uno de los aspectos más delicados de la propuesta corresponde a la modificación del artículo 211, numeral 5, que plantea que las informaciones ofensivas o despreciativas sean sancionadas únicamente mediante acciones civiles.
A juicio del constitucionalista, aunque ese mecanismo podría resultar razonable en determinados casos de injuria, sería insuficiente para los casos de difamación, entendida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a una persona de desviar fondos públicos sin presentar pruebas.
Comisión bicameral pospone decisión
Mientras tanto, la comisión bicameral no logró concluir el análisis de todas las observaciones dentro del plazo inicialmente previsto. Los trabajos comenzaron el miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde con la intención de finalizar al mediodía del jueves para presentar el informe durante la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde.
No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el tiempo resultó insuficiente para completar la evaluación de todas las sugerencias recibidas, por lo que la sesión fue aplazada para este viernes.
"Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado", declaró Pacheco al ser entrevistado en el Congreso Nacional.
El legislador precisó que las horas restantes antes de la nueva sesión serán utilizadas para acelerar la revisión del proyecto que modifica la Ley 74-25 y de otras iniciativas pendientes.
Responden a críticas por el procedimiento
El corto tiempo destinado por la comisión bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, para estudiar las observaciones presentadas por instituciones y ciudadanos ha generado críticas de diversos sectores.
Frente a esos cuestionamientos, Alfredo Pacheco aseguró que todas las propuestas serán analizadas antes de que el proyecto sea conocido por el pleno.
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la subcomisión técnica, el senador Pedro Catrain, responsable de elaborar la matriz que reúne todas las observaciones recibidas para ser presentadas a la comisión bicameral.
"Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes", afirmó Catrain al conversar con periodistas en el Congreso Nacional.
Con el aplazamiento de la votación, los legisladores disponen de más tiempo para concluir el estudio de las modificaciones antes de presentar el proyecto definitivo, mientras continúan las posiciones encontradas de sectores empresariales, juristas y organizaciones de la sociedad civil sobre el alcance de la reforma al nuevo Código Penal.