Conocerán el jueves coerción contra dos imputados por maltratar a menores en fundación de Haina
Santo Domingo, 3 sept.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá el próximo jueves 10 de septiembre la solicitud de medida de coerción contra dos hombres acusados de cometer maltrato físico y psicológico y someter a trabajos o servicios forzados a varios menores de edad en un establecimiento que operaba como una fundación religiosa en Bajos de Haina.
La audiencia fue aplazada por el juez José Carlos Arias, luego de que la defensa solicitara más tiempo para presentar sus presupuestos y con el propósito de conocer el anticipo de pruebas de los menores rescatados en el establecimiento.
El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), explicó que la petición está sustentada en las disposiciones legales aplicables al caso.
“En el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre, a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación; de igual manera, la defensa solicitó más tiempo para presentar presupuestos”, declaró Garabitos Guerrero a la prensa.
La representante del Ministerio Público detalló que la calificación jurídica provisional del expediente incluye trata de personas con fines de explotación laboral y precisó que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de investigación.
También informó que los niños, niñas y adolescentes afectados serán representados durante el proceso judicial por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Garabitos Guerrero participó en la audiencia junto con los fiscales Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
Los imputados fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal por los hechos presuntamente cometidos en perjuicio de los menores alojados en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), situada en el municipio de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT); Ramona Santana, fiscal titular de San Cristóbal, y Garabitos Guerrero.
De acuerdo con la instancia, durante una operación desarrollada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026, las autoridades efectuaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
En el operativo fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, quienes, según el Ministerio Público, presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
El lugar intervenido funcionaba dentro de una finca y operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, indicaron las autoridades.
Los allanamientos fueron encabezados por la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con el apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
También participaron, como organismos de protección, la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La investigación comenzó después de que uno de los menores lograra escapar del establecimiento y acudiera a un destacamento policial, donde alertó a las autoridades sobre las condiciones y los maltratos a los que presuntamente eran sometidos los niños y adolescentes alojados en el lugar.
A partir de esa denuncia se iniciaron las investigaciones y fueron solicitadas las órdenes judiciales de arresto posteriormente ejecutadas contra Capellán y Muñoz Rodríguez.