Cooperativas, su historia y riesgosa realidad de hoy
Más de un siglo ha transcurrido desde el establecimiento de las primeras cooperativas, bajo el régimen de gobierno militar de la primera intervención de los Estados Unidos. 1918 aparece como la fecha, cuando se autoriza a través de una Orden Ejecutiva, la instalación de cooperativas arroceras y cafetaleras en Villa Vásquez y Montecristi. Américo Lugo, Horacio Vásquez, Rafael L. Trujillo, el padre Alfonso Chaffe, el padre Pablo Steele, los jesuitas y otras órdenes católicas y muchos otros, conforman el activismo cooperativo nacional. Ya en 1963 Juan Bosch elabora una serie de leyes dando cohesión al sistema cooperativista criollo pero el golpe de Estado del 25 de septiembre de ese mismo año, frustró todas sus iniciativas. En octubre del 63 se crea el Instituto de Desarrollo y Crédito (Idecoop) y en enero del ’64 la ley 127 que regula las actividades de las sociedades cooperativas. A partir de allí ha habido un meteórico desarrollo del cooperativismo, nucleados alrededor de sujetos de recia personalidad magnética, de gran capacidad como líderes y conductores de personas, centradas en la filosofía cooperativista. Una característica criolla es desvirtuar la esencia de muchas iniciativas positivas y algo así ocurre con el cooperativismo. Como actividad importante de la economía, no puede subsistir al margen de sus regulaciones y controles y el cooperativismo hoy transita por un sendero muy peligroso. Las leyes de lavado de activos son estrictas y el cooperativismo carece de una regulación que haga transparente sus operaciones y que a la vez proteja a los socios. El Idecoop presenta debilidades mayores que le imposibilitan auditar, por carecer de poder legal, recursos económicos y estructura, las actividades de todas las cooperativas que manejan recursos como intermediarios financieros, que son la mayoría de las cooperativas. Hay una tendencia a que los “prestamistas”, oscuro personaje detrás del escenario del salario de los trabajadores, que le explota, que hoy se convierten en “cooperativas” burlando la esencia del mutualismo cooperativo. Es perentorio que se modifiquen leyes que obedecen a realidades de una sociedad nacional de 60 años atrás. El riesgo de quiebras mayores es una realidad y ya Coopherrera, ha dado muestras de un errático y previsible comportamiento y otras situaciones que se han mimetizado por discretas absorciones. El público carece de protección frente a un manejo inapropiado de algunas cooperativas. La autorregulación es una peligrosa falacia, por lo que procede el establecimiento del ente regulador estatal. El movimiento cooperativo tiene madurez y cohesión política, para conseguir una Superintendencia de Cooperativas (Supercoop) especializada en esa rama y diferenciada de la de Bancos. Ha sido el sector político el que no ha estado a la altura del cooperativismo nacional, eludiendo el tema y encontrando en las propias divisiones del sector, oportunidad para esconder la irresponsabilidad, ante un tema peligroso y que nos compromete internacionalmente, frente a organismos que han señalado desde hace tiempo, los peligrosos riesgos que implica la indiferencia.
El Caribe
