Corte mantiene prisión preventiva a fiscal acusado de recibir soborno
Santo Domingo, 30 junio.– La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió un pedimento del Ministerio Público y dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, procesado por presuntamente solicitar y recibir un soborno de US$10,000 durante una entrega controlada realizada por las autoridades.
La decisión fue valorada por el director general de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, quien explicó que la revisión de la medida cautelar no procedía debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia conoció recientemente un recurso relacionado con el caso, el pasado 3 de junio, lo que obliga a reiniciar el cómputo del plazo para la revisión obligatoria de la prisión preventiva.
Camacho indicó que el tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público, sustentado en el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando una medida de coerción es objeto de un recurso, el plazo para su revisión comienza a contarse nuevamente a partir de la decisión adoptada por el tribunal superior.
En consecuencia, la Corte dejó sin efecto la audiencia que había sido convocada para revisar la prisión preventiva y fijó una nueva fecha para el próximo 3 de septiembre, cuando corresponderá la revisión obligatoria de la medida cautelar.
El representante del Ministerio Público recordó que la legislación establece que las medidas de coerción deben revisarse cada tres meses, pero aclaró que cuando alguna de las partes interpone un recurso de apelación o de revisión, el conteo del plazo vuelve a iniciar desde la decisión emitida por el tribunal correspondiente.
Respecto a los argumentos presentados por la defensa del imputado, Camacho sostuvo que tanto la jueza que impuso originalmente la prisión preventiva como cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia han considerado que existen suficientes elementos para mantener la medida cautelar, al rechazar el alegato de que el acusado posee arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad.
La jueza Nancy Joaquín, integrante de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fundamentó su decisión en que la prisión preventiva fue ratificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 3 de junio, conforme explicó durante la audiencia el fiscal Eduardo Velázquez.
Valdez Alcántara permanece recluido desde el pasado mes de mayo en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, donde cumple una medida de prisión preventiva de tres meses impuesta mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público acusa al fiscal de violar diversas disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por hechos vinculados a presuntos actos de corrupción.
La prisión preventiva fue dictada originalmente por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de rechazar varios incidentes promovidos por la defensa del imputado, entre ellos una solicitud de nulidad del proceso.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a una persona que era objeto de una investigación penal, suma que posteriormente redujo a US$150,000 durante las negociaciones.
Según la investigación, además del dinero, el fiscal también manifestó interés en recibir un reloj de la marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo de la marca Mercedes-Benz como parte del supuesto soborno.
Las autoridades sostienen que el imputado fue arrestado tras recibir US$10,000 en una entrega controlada organizada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones del caso.