Corte ratifica prisión preventiva a imputada en Onco14 que afirma no tener dinero para sus abogados
Santo Domingo, 2 sept.– La Corte de Apelación de Santiago ratificó los 18 meses de prisión preventiva impuestos a Luisa Yasiris Guzmán, esposa del empresario Héctor Lora Cruceta y una de las personas imputadas en el caso Onco14, relacionado con una presunta estructura de corrupción en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Al concluir la audiencia, Guzmán declaró que enfrenta dificultades económicas para asumir los gastos correspondientes a su defensa legal.
“Señores, yo no tengo dinero ni para pagarles a los abogados”, manifestó la imputada mientras era trasladada desde el tribunal.
Guzmán negó haber trabajado para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) o recibido pagos procedentes de esa institución. También aseguró que no formaba parte del Instituto Oncológico Regional del Cibao y que su participación se limitaba a colaborar con pacientes diagnosticados con cáncer.
“Yo no trabajaba para Senasa, nunca he cobrado por Senasa, ni siquiera tengo seguro por Senasa. No soy miembro del oncológico. Lo único que hice fue ayudar a los pacientes”, expresó.
La imputada cuestionó, además, el tratamiento mediático dado al proceso y sostuvo que algunas personas estarían siendo presentadas como “chivos expiatorios” dentro de las investigaciones.
“Dios es el que sabe. Para los que obran al Señor, todas las cosas les son para bien. Hay que esperar; el Señor es el único que sabe y la verdad un día saldrá”, declaró Guzmán.
El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la procesada, explicó que la Corte de Apelación decidió mantener la prisión preventiva debido a que la investigación continúa abierta y, a juicio del tribunal, existen elementos que justifican que su defendida permanezca privada de libertad mientras avanzan las pesquisas.
Mieses indicó que la defensa no está de acuerdo con la decisión, aunque aseguró que la acatará. Destacó que durante la audiencia se estableció que Guzmán no trabajaba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao ni recibía directamente fondos de Senasa.
El jurista explicó que el tribunal tomó en consideración la relación de la imputada con su esposo, Héctor Lora, quien se desempeñaba como director del centro, así como su vinculación con la Fundación TÓCATE, entidad que, según señaló, recibía recursos del instituto.
“Es una persona pasible de investigación, no culpable, porque todavía no hemos llegado a esa fase de juicio”, puntualizó Mieses.
Al referirse al alegado peligro de fuga, el abogado sostuvo que la decisión de mantener la prisión preventiva estaría relacionada principalmente con la gravedad de los hechos investigados y no necesariamente con una valoración definitiva sobre la responsabilidad penal de Guzmán.
Mieses explicó que la defensa apeló la decisión del tribunal de primera instancia porque, conforme a su interpretación, la jueza había establecido inicialmente que la imputada contaba con suficientes elementos de arraigo para recibir una medida de coerción diferente de la prisión preventiva.
Sin embargo, posteriormente le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva, disposición que sus abogados recurrieron ante la Corte de Apelación de Santiago y que ahora fue ratificada.
Durante sus declaraciones, el representante legal también se refirió a otros imputados del proceso, entre ellos Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó la vicepresidencia del Instituto Oncológico Regional del Cibao y estuvo vinculada con las labores contables de la institución.
Investigación de la Operación Onco14
El Ministerio Público sostiene que, mediante la Operación Onco14, desmanteló una presunta estructura de corrupción que habría funcionado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Según la acusación del órgano persecutor, la supuesta red habría utilizado ambas instituciones para desviar recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
Las autoridades aseguran que las operaciones investigadas habrían causado perjuicios económicos al Estado dominicano, al Seguro Nacional de Salud y a beneficiarios del régimen subsidiado. Las responsabilidades definitivas de las personas imputadas deberán ser determinadas durante el conocimiento judicial del proceso.