Corte ratifica prisión preventiva a siete imputados de la Operación Cobra 2.0-A
Santo Domingo, 5 Nov.— La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva de siete de los ocho imputados que apelaron sus medidas de coerción en la Operación Cobra 2.0-A. La investigación gira en torno a una presunta red de corrupción administrativa que, según el órgano acusador, desvió miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en perjuicio de sus afiliados.
La corte mantuvo en prisión preventiva a Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. A la octava imputada, Elsa De la Rosa Vásquez, le sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario con grillete electrónico.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó a periodistas a la salida del tribunal que De la Rosa Vásquez admitió durante la audiencia hechos que había negado en otras instancias. Señaló que el arresto domiciliario sigue siendo una medida privativa de libertad y que los otros siete imputados quedaron sujetos a las medidas que ya cumplían.
Los jueces Ysis Muñiz, presidenta de la sala, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández iniciaron la audiencia pasadas las 10:00 de la mañana y la concluyeron alrededor de las 10:00 de la noche. Las defensas de los ocho imputados solicitaron su puesta en libertad o la sustitución de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas.
Al motivar la decisión, los jueces señalaron que el arraigo social, laboral, económico y familiar invocado por algunas defensas debe valorarse junto con otras circunstancias. Entre ellas citaron la gravedad de los hechos investigados, el perjuicio causado a la víctima, el daño que correspondería resarcir y la pena aplicable.
Camacho encabezó el equipo del Ministerio Público junto con Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y el procurador de corte José Manuel Aguiló. También participaron los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.
Otros imputados y medidas de coerción
En la Operación Cobra 2.0 también figuran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes cumplen arresto domiciliario.
También están sujetos a medidas de coerción Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Martha María Saldaña Saldaña, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré. Entre las medidas impuestas a este grupo figuran la garantía económica, el impedimento de salida del país y el arresto domiciliario.
Según el Ministerio Público, los procesados enfrentan cargos que incluyen estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos y lavado de activos. La investigación abarca además el presunto desvío de recursos mediante la facturación de servicios médicos no prestados, la suplantación de identidad de afiliados y la vulneración de bases de datos.
La investigación por el presunto fraude en SeNaSa
En 2025, como parte de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó al exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella. Todos cumplen distintas medidas de coerción.
Las autoridades también arrestaron a Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario desde que el 16 de julio se le modificó la medida de coerción por razones de salud.
El Ministerio Público procesa además a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó el 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses. Las autoridades lo arrestaron a finales de abril, cuando intentaba viajar a Boston, Estados Unidos, sin boleto de retorno.
Guzmán Vásquez trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022. El órgano acusador lo vincula con la autorización irregular de procedimientos médicos y consultas como parte de un presunto esquema que se valía de distintas maniobras fraudulentas para obtener pagos al margen de los parámetros legales.
Operación Onco14
En junio, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco14 y arrestó a tres personas a las que atribuye haber utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas. Según la acusación, las operaciones afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y a SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, una asociación sin fines de lucro, y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También fue arrestada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, de quien se divorció en 2014. Mientras él presidía el patronato que administra el instituto, Vargas Sánchez ocupó la vicepresidencia y ejerció a la vez como auditora interna y externa de la entidad.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.