Corte Suprema de EE.UU. bloquea orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento
Washington, 30 junio.- La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, al concluir que la medida contradice lo establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. La decisión fue adoptada por seis votos contra tres, informó la agencia AP.
El fallo, redactado por el presidente del máximo tribunal, John Roberts, reafirma que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran en el país de forma irregular o temporal están amparados por la Constitución y adquieren automáticamente la ciudadanía desde el momento de su nacimiento.
“Según la Constitución, son ciudadanos desde su nacimiento”, señala la decisión de la Corte en el caso Trump vs. Barbara, en la que Roberts recordó que la Decimocuarta Enmienda establece claramente que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana del país.
La controversia se originó luego de que, el 20 de enero de 2025, apenas dos horas después de asumir la Presidencia, Trump firmara una orden ejecutiva destinada a poner fin al derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento, una medida que habría afectado a miles de niños nacidos de padres inmigrantes sin residencia legal.
La disposición presidencial establecía que solo tendrían derecho automático a la ciudadanía los bebés nacidos de al menos un padre ciudadano estadounidense o residente permanente legal (titular de una "Green Card"), así como aquellos cuya madre fuera ciudadana, residente permanente, refugiada o asilada.
En cambio, la orden excluía de ese beneficio a los hijos nacidos después del 19 de febrero de 2025 de padres indocumentados o con estatus migratorios temporales, una medida que generó una inmediata ola de demandas judiciales en distintos estados del país.
Durante el proceso judicial, Trump sostuvo que la ciudadanía por nacimiento fue concebida originalmente por la Decimocuarta Enmienda únicamente para garantizar los derechos de los antiguos esclavos tras la Guerra Civil y que, por tanto, no debía extenderse automáticamente a los hijos de inmigrantes en situación irregular.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados rechazó esa interpretación. En su opinión, Roberts recordó que la Decimocuarta Enmienda fue aprobada precisamente para definir de manera amplia quiénes son ciudadanos estadounidenses y garantizar que ese derecho no pudiera ser restringido por decisiones políticas posteriores.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, escribió Roberts. “Mantenemos esa promesa hoy”, agregó.
La orden ejecutiva enfrentó impugnaciones inmediatas, entre ellas una presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que encabezó una amplia coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigrantes.
Tras conocerse el fallo, Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, calificó la decisión como una victoria para las familias inmigrantes y afirmó que reafirma más de 150 años de consenso jurídico en torno al principio de ciudadanía por nacimiento.
“La decisión de hoy representa una victoria para las familias inmigrantes y reafirma más de 150 años de consenso legal y bipartidista: que, en su mejor versión, Estados Unidos es y siempre ha sido una nación de inmigrantes”, expresó la dirigente.
La batalla judicial atravesó varias etapas. En junio de 2025, la Corte Suprema había limitado el alcance nacional de las órdenes emitidas por tribunales federales de distrito y de apelaciones, al establecer que esas decisiones solo tendrían efecto dentro de sus respectivas jurisdicciones, salvo cuando existiera una demanda colectiva debidamente certificada.
A raíz de ese criterio, el 27 de junio de 2025, la ACLU de Maine, junto con las filiales de Nuevo Hampshire y Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia, presentó una nueva demanda colectiva en representación de bebés afectados y sus familias.
Posteriormente, el 10 de julio de 2025, la Corte Suprema suspendió provisionalmente la aplicación de la orden ejecutiva y autorizó la certificación temporal de una demanda colectiva de alcance nacional. Meses después, el 26 de septiembre de 2025, el Gobierno de Trump solicitó formalmente al máximo tribunal que conociera el caso, lo que finalmente dio paso al fallo definitivo emitido este martes.
Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma la vigencia del principio constitucional de ciudadanía por nacimiento y mantiene la protección para los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, cerrando uno de los litigios migratorios de mayor impacto de los últimos años, de acuerdo con la agencia AP.