Crece debate sobre entrada en vigor del Código Penal mientras Gobierno prepara reformas
Por Manuel JIménez
Santo Domingo, 1 junio.– A poco más de un mes para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto de 2026, se intensifican los cuestionamientos de juristas, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, mientras el Gobierno anunció que someterá al Congreso Nacional un proyecto de reforma para modificar varias de sus disposiciones, aunque persisten diferencias sobre si debe aplazarse o no la aplicación de la nueva legislación.
Las críticas se han concentrado en varios artículos que, según sus opositores, podrían afectar derechos fundamentales y ampliar las facultades represivas del Estado.
Entre las disposiciones más debatidas figura el artículo que tipifica el ultraje a funcionarios públicos, al establecer sanciones por expresiones o manifestaciones consideradas ofensivas contra servidores públicos.
Diversos sectores sostienen que esa norma podría convertirse en un mecanismo para limitar la libertad de expresión, desalentar la crítica ciudadana y restringir el ejercicio del periodismo.
Otro de los aspectos cuestionados es la posibilidad de acumulación de penas hasta un máximo de 60 años de prisión en determinados concursos de infracciones.
Para varios especialistas en derecho penal, esa disposición resulta desproporcionada y podría entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la dignidad humana, la razonabilidad de las penas y la finalidad de la reinserción social.
En medio de la controversia, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó que una comisión técnica designada por el Poder Ejecutivo concluyó la revisión del Código Penal y recomendó someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar diversos artículos considerados susceptibles de mejoras antes de su aplicación práctica.
Peralta explicó que el objetivo de la iniciativa es corregir aspectos identificados por la comisión sin desnaturalizar la reforma penal aprobada por el Congreso.
No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente cuáles disposiciones serían modificadas ni la fecha exacta en que el proyecto sería depositado ante el Poder Legislativo.
La posibilidad de un aplazamiento ha generado posiciones encontradas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha sostenido que no existen razones para posponer la entrada en vigencia del Código Penal y considera que cualquier modificación puede ser conocida posteriormente por el Congreso sin necesidad de suspender la aplicación de la nueva legislación.
En una posición distinta, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio de Abogados de la República Dominicana han planteado la conveniencia de aplazar por seis meses la entrada en vigor del Código.
Ambas entidades entienden que ese período permitiría corregir las disposiciones más controvertidas y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los operadores del sistema judicial como a la ciudadanía.
El debate también ha sido alimentado por reconocidos juristas. El abogado Cándido Simó ha afirmado que, desde el punto de vista constitucional, existen mecanismos muy limitados para impedir que el Código Penal entre en vigencia el próximo 3 de agosto.
Según Simó, una posibilidad sería que el Tribunal Constitucional conozca con carácter de urgencia las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 74-25 y emita una decisión que suspenda provisionalmente sus efectos antes de la fecha establecida.
La otra alternativa, explicó, sería que el Poder Ejecutivo someta al Congreso un proyecto de ley que modifique expresamente la fecha de entrada en vigor o suspenda temporalmente la aplicación del Código mientras se conocen las reformas propuestas.
En las últimas semanas también se han presentado varias acciones directas de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la legislación, bajo el argumento de que algunas disposiciones vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. El Tribunal Constitucional aún no ha fijado una fecha para conocer esos recursos.
Mientras continúan las discusiones jurídicas y políticas, el país permanece a la expectativa de las decisiones que adopten el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional, en un escenario en el que el futuro inmediato del nuevo Código Penal dependerá de si prevalece la aplicación de la ley en la fecha prevista o si finalmente prospera alguna iniciativa para modificar o aplazar su entrada en vigencia.
Lo que se critica del Código
Entre los artículos más cuestionados figura el artículo 310, que tipifica el delito de ultraje a funcionarios públicos, al sancionar expresiones, escritos, imágenes o gestos considerados ofensivos contra servidores públicos.
Sus críticos sostienen que esta disposición podría utilizarse para limitar la libertad de expresión, fomentar la autocensura de periodistas y ciudadanos y dificultar el escrutinio público de las autoridades.
También ha generado controversia el artículo 49, que permite la acumulación de penas hasta un máximo de 60 años de prisión en casos de concurso de infracciones.
Abogados que han impugnado la ley ante el Tribunal Constitucional argumentan que esa disposición equivale, en la práctica, a una cadena perpetua encubierta y vulnera principios constitucionales relacionados con la proporcionalidad de las sanciones y la dignidad humana.
Las críticas forman parte de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 74-25. Mientras sus opositores afirman que algunas disposiciones podrían debilitar garantías democráticas y ampliar el poder represivo del Estado, los defensores del Código sostienen que la legislación fortalece la lucha contra la criminalidad, actualiza el régimen penal y ofrece mayores herramientas para perseguir delitos modernos.