CREES advierte que el impuesto a los cheques contradice las políticas de crecimiento e inclusión financiera
Santo Domingo, 24 julio.– El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) consideró que el impuesto a la emisión de cheques y a las transferencias electrónicas constituye una de las principales contradicciones de la política tributaria dominicana, al entender que encarece las transacciones económicas, reduce la competitividad y obstaculiza tanto el crecimiento económico como los esfuerzos para ampliar la inclusión financiera.
De acuerdo con un análisis del CREES, este gravamen fue creado mediante la Ley 288-04, promulgada en 2004, estableciendo un impuesto equivalente al 0.15 %, o 1.5 por mil, sobre el valor de los cheques emitidos y las transferencias electrónicas realizadas a través de las entidades de intermediación financiera.
El centro de estudios recordó que el origen del tributo se remonta a una resolución emitida por la Junta Monetaria el 27 de junio de 2003, mediante la cual se creó una comisión que el Banco Central cobraba sobre el valor de cada cheque compensado diariamente a través de la Cámara de Compensación, medida que posteriormente dio paso a la creación formal del impuesto mediante ley, según el CREES.
El documento señala que un año después de su creación, la Ley 557-05 dispuso la eliminación gradual del impuesto. El cronograma establecía que la tasa permanecería en 1.5 por mil durante 2006, se reduciría a 1.0 por mil en 2007, bajaría a 0.5 por mil en 2008 y desaparecería totalmente en 2009.
Sin embargo, el CREES sostiene que esa decisión fue revertida pocos meses después mediante el artículo 27 de la Ley 495-06, que convirtió nuevamente el impuesto en permanente. A juicio de la entidad, esta modificación representó un retroceso de la política tributaria y aumentó la incertidumbre jurídica, al eliminar una disposición que buscaba desmontar un gravamen considerado distorsionador de la actividad económica.
El análisis indica que el impuesto posee un marcado carácter recaudatorio, ya que las entidades financieras actúan como agentes de retención, lo que facilita su cobro por parte del Estado. Para el CREES, se trata de un tributo de bajo costo administrativo para la administración tributaria, pero cuyo peso económico recae directamente sobre empresas y ciudadanos.
La institución afirma que este tipo de gravamen incrementa el costo de las operaciones financieras y genera efectos negativos sobre toda la economía. En ese sentido, cuestiona que la reciente Ley 30-26, denominada de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, haya elevado la tasa del impuesto hasta 0.20 %, al considerar que esa decisión contradice el propósito declarado de estimular el crecimiento.
Según el CREES, una economía logra expandirse cuando aumenta la complejidad de sus procesos productivos, se genera mayor valor agregado y crece el volumen de transacciones comerciales. En ese contexto, advierte que gravar los medios de pago dificulta precisamente esos procesos al elevar los costos asociados a la actividad económica.
El centro de investigación explica que la producción de bienes con mayor valor agregado requiere múltiples etapas de transformación y la participación de numerosos proveedores. Cada una de esas operaciones implica pagos y transferencias que, al estar sujetas al impuesto, incrementan los costos de producción y reducen la competitividad de las empresas dominicanas.
Como consecuencia, agrega el CREES, las empresas deben destinar mayores recursos para cumplir con sus obligaciones comerciales, mientras que los consumidores terminan pagando precios más elevados por los bienes y servicios. Asimismo, sostiene que las familias disponen de menos ingresos para consumo debido al impacto acumulativo del gravamen.
El documento también advierte que el impuesto puede incentivar procesos de integración empresarial motivados exclusivamente por razones tributarias y no por criterios de eficiencia económica. A juicio del CREES, ello distorsiona las decisiones de inversión y organización de las empresas, afectando el funcionamiento del mercado.
Otro de los aspectos señalados por la entidad es la contradicción existente entre este impuesto y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, impulsada por el Estado dominicano bajo la coordinación de la Comisión de Inclusión Financiera y el liderazgo del Banco Central.
El CREES recuerda que el objetivo de esa estrategia consiste en ampliar el acceso y el uso de productos y servicios financieros por parte de los sectores no bancarizados. Sin embargo, considera que gravar las operaciones bancarias desincentiva precisamente el uso del sistema financiero formal, afectando el cumplimiento de esa política pública.
En sus conclusiones, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles plantea que una futura reforma tributaria orientada a fortalecer el crecimiento económico debería contemplar la eliminación del impuesto a los cheques y las transferencias electrónicas, al considerar que su permanencia representa un obstáculo para la competitividad, la inclusión financiera y el bienestar de la población.