CREES advierte que pérdidas y dependencia de fondos públicos agravan las finanzas de las EDE

Santo Domingo, 02 oct,.— La deuda corriente de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) alcanzó los US$179 millones a julio de 2026, en un contexto de elevadas pérdidas de distribución y dependencia de transferencias gubernamentales, señaló el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), con base en el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales publicado por el Ministerio de Energía y Minas.
Según el CREES, ese monto corresponde a obligaciones pendientes de las distribuidoras con las empresas generadoras privadas por conceptos vinculados al suministro eléctrico, entre ellos la compra de energía y potencia. La evolución de estos compromisos permite observar las dificultades financieras de las EDE para cumplir con sus pagos.
El CREES identificó las elevadas pérdidas de distribución como uno de los principales problemas del sistema. Entre enero y julio de 2026, las pérdidas totales representaron el 44.1 % de la energía adquirida, lo que implica que una proporción considerable de la electricidad comprada no se convierte en ingresos, debido tanto a energía no facturada como a montos facturados que no son cobrados.
Esta situación también se refleja en el Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), indicador que relaciona las pérdidas de energía con la efectividad del cobro. De acuerdo con el CREES, el CRI acumulado de las distribuidoras fue de 56.5 % a julio, evidenciando una limitada recuperación de los recursos necesarios para sus operaciones, incluida la adquisición de electricidad.
Las dificultades financieras coinciden con una elevada dependencia de fondos públicos. El CREES indicó que, hasta agosto de 2026, las transferencias del Gobierno central a las EDE ascendieron a US$1,290.6 millones.
El CREES advirtió que la deuda permite postergar parte de las obligaciones de pago, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema eléctrico. A su juicio, cuando las pérdidas se cubren de manera recurrente con recursos públicos, se debilitan los incentivos para mejorar la gestión, reducir esas pérdidas y fortalecer la capacidad de cobro de las distribuidoras.