Cuba merece una nueva historia nacional
Por Michael J. Bustamante
Bustamante es autor de Cuban Memory Wars.
Treinta años después de que unos aviones de combate MiG-29 cubanos derribaran dos Cessnas operados por el grupo humanitario Hermanos al Rescate, con sede en Miami, y mataran a cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses, que volaban en espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Florida, fiscales federales estadounidenses han emitido una acusación formal contra Raúl Castro por su presunto papel en la autorización del ataque.
Para las familias de los fallecidos, el anuncio supone una medida de justicia, independientemente de si el exjefe de Estado de 94 años, quien era el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento, llega a ver algún día un juicio. Sin embargo, es imposible separar la medida de la creciente campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana durante los últimos meses.
Desde enero, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo petrolero de facto con consecuencias humanitarias devastadoras, ha amenazado con imponer nuevas sanciones radicales a las empresas extranjeras que hacen negocios con la isla y ha lanzado ultimátums directos a las autoridades cubanas para que reformen su sistema político y económico o, de lo contrario, se atengan a las consecuencias. Si el gobierno de Trump careciera de un pretexto para impulsar su enfrentamiento con La Habana hacia la acción militar, con el objetivo final de un cambio de régimen, la acusación podría despejar el camino.
Pero la amenaza de un procesamiento de Castro en Estados Unidos también abre una ventana a un problema mayor al que se enfrentarán los cubanos en cualquier transición futura desde el gobierno revolucionario establecido en 1959, especialmente si el cambio político llega a través de la intervención de Washington.
¿Cómo deberían reconocer los cubanos las numerosas injusticias acumuladas a lo largo de casi siete décadas de revolución, exilio y, sí, conflicto geopolítico con su vecino del norte? ¿Cómo pueden conciliar las actitudes contrapuestas de las comunidades cubanas hacia el papel de Estados Unidos en su identidad y vida nacionales? ¿El país puede soportar reabrir el pasado si espera avanzar? ¿Puede permitirse no hacerlo?
La coreografía en torno a la acusación formal de esta semana pone de relieve lo que está en juego. El anuncio, presentado el 20 de mayo, día de la independencia original de Cuba, se calibró para evocar batallas más amplias en la memoria colectiva de los cubanos. La fecha marcó el final de cuatro años de ocupación militar estadounidense en 1902, después de que Estados Unidos interviniera en medio de la última guerra de independencia de Cuba contra España. A partir de entonces, Washington impuso estrictas limitaciones a la soberanía de la isla como condición para permitir que los cubanos se gobernaran a sí mismos.
Para el gobierno de Trump, la fecha resuena perfectamente con su búsqueda de un renovado dominio hemisférico. Para muchos cubanoestadounidenses, sigue representando el nacimiento de una república que idealizan como una especie de paraíso perdido por causa de la revolución. Pero el gobierno de Fidel Castro dejó de celebrar el día festivo después de 1959, por considerarlo un símbolo de liberación incompleta.
Aunque su primer objetivo era acabar con el régimen autoritario del dictador Fulgencio Batista en la década de 1950, Castro y otros activistas también describieron la revolución como la realización tardía de la lucha por la independencia original de la isla, con la promesa de liberar a los cubanos de una dependencia hacia Estados Unidos que había perseguido a la República Cubana desde su nacimiento.
Sin embargo, las revoluciones no son simplemente la culminación de la historia. Crean historias propias. La transformación de Cuba en un estado comunista de partido único a principios de la década de 1960 generó nuevas capas de trauma e injusticia: encarcelamiento político, campos de trabajo, campañas de contrainsurgencia, confiscaciones de propiedades, exilio, vigilancia y censura. Durante los 30 años siguientes, Cuba quedó tan atada a las subvenciones y al comercio soviéticos como antes lo había estado a Estados Unidos. Cuando ese apoyo se desplomó, la precariedad económica y una obstinada resistencia a la reforma liberalizadora contribuyeron a impulsar nuevas oleadas migratorias que fracturaron aún más a las familias cubanas.
Sin embargo, el Estado cubano no fue el único que dejó cicatrices. La militancia anticastrista también produjo sus propias víctimas. Tomemos otra tragedia aérea como ejemplo: el atentado perpetrado por exiliados cubanos en 1976 contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación, en el que murieron las 73 personas que iban a bordo, en uno de los mayores actos de terrorismo aéreo del hemisferio occidental. ¿Importan menos estos muertos inocentes que las personas que iban en los aviones de Hermanos al Rescate, derribados por la Fuerza Aérea Cubana? A pesar de vivir en Estados Unidos de manera casi abierta en sus últimos años, los presuntos artífices del atentado contra la aeronave de Cubana de Aviación nunca se enfrentaron a la justicia ante un jurado estadounidense, y mucho menos cubano.
El gobierno estadounidense tampoco es un participante distante en esta saga. Durante más de 60 años, Washington ha moldeado la vida cubana mediante operaciones encubiertas, políticas de inmigración cambiantes y sanciones exhaustivas que han limitado la economía de la isla y reforzado la paranoia política del gobierno cubano. Incluso en 1996, la tragedia de Hermanos al Rescate se desarrolló en medio de repetidas quejas cubanas a la Administración Federal de Aviación, y la propia admisión del grupo, de que sus vuelos habían evolucionado más allá de las operaciones humanitarias de ayuda a los emigrantes en el mar y hacia incursiones provocadoras en el espacio aéreo cubano.
Esto no exime a las autoridades cubanas de responsabilidad por su ataque flagrante y, según la Organización de Aviación Civil Internacional, ilegal, como tampoco las acciones estadounidenses excusan otros legados de represión o abusos del gobierno cubano. Pero no se puede hacer justicia histórica más amplia únicamente a través del sistema judicial estadounidense.
Es cierto que cualquier esfuerzo dirigido por Cuba para abordar el pasado, en caso de que finalmente se forme un nuevo gobierno, se enfrentaría a enormes cuestiones de legitimidad dentro y fuera de la isla. En un escenario de transición, el impulso más probable sería darles prioridad a las reclamaciones de los perseguidos de manera más visible por el régimen anterior. Pero cualquier intento de adjudicar selectivamente el pasado correría el riesgo de reproducir la misma lógica de suma cero que ha dividido a los cubanos durante décadas.
¿Qué pasa con las víctimas de la represión de la época de Batista antes de 1959? ¿Qué hay de los muchos emigrantes que murieron en el mar Caribe en la década de 1990, expulsados por los fracasos del socialismo pero atraídos por el atractivo del trato preferente que Estados Unidos dispensó en el pasado a los refugiados cubanos? ¿Qué hay de las familias y los pacientes hospitalizados que sufren hoy los efectos de la coacción económica de Estados Unidos sobre la isla, no como preludio necesario de la liberación, sino como castigo colectivo?
Podría ser tentador concluir que sería mejor que Cuba dejara en paz los traumas del pasado. Pero los pasados turbulentos tienden a resistirse a la supresión. Eso ha demostrado ser cierto en España, donde el “pacto de olvido” postfranquista, un silencio deliberado sobre los crímenes de la dictadura, ha estado sometido a una gran tensión en las últimas décadas. En el contexto cubano, las viejas acusaciones resurgen constantemente en las vallas publicitarias del gobierno, las campañas en las redes sociales y los rituales políticos a ambos lados del estrecho de Florida.
Cualquier futura transición política cubana requerirá algo más difícil que enjuiciamientos de alto nivel o una reescritura de los libros de texto escolares para adaptarlos a la narrativa del vencedor. Los cubanos tendrán que encontrar la manera de reconocer los daños que han soportado y se han infligido los unos a los otros sin convertir a la nación en su cautiva permanente. También Estados Unidos debería estar dispuesto a rendir cuentas de su propio papel en la larga y torturada trayectoria de Cuba.
Los cubanos y los cubanoestadounidenses merecen algo más que una guerra histórica interminable o acusaciones simbólicas ante un tribunal estadounidense. Merecen la posibilidad de una nueva historia nacional, una que sea enteramente suya.
Fuente: The New York Times