Denuncian inmovilismo en implementación ley de pago a contratistas estatales
Santo Domingo, 24 mayo.– A más de tres semanas de la promulgación de la Ley 16-26, que ordena la validación, depuración y eventual pago de deudas viejas a contratistas estatales, crece la preocupación entre cientos de potenciales beneficiarios ante la ausencia de señales públicas claras sobre el inicio de su implementación.
El Comité Institucional Codiano (CIC) consideró legítima la inquietud existente entre pequeños y medianos contratistas que durante años han esperado una solución institucional a expedientes relacionados con obras ejecutadas y cuyos pagos permanecen pendientes.
El vocero autorizado de la organización recordó que uno de los pilares fundamentales de la legislación fue precisamente la creación de una comisión especializada llamada a validar, depurar y ordenar técnicamente los expedientes, garantizando transparencia, legalidad y rigor institucional en el proceso.
Sin embargo, el ingeniero Miguel Liberato advirtió que cuando una ley genera expectativas legítimas y posteriormente sobreviene un prolongado silencio administrativo, se abre inevitablemente un espacio para la incertidumbre, la especulación y la percepción de inmovilismo.
Liberato enfatizó que el problema no es únicamente administrativo ni financiero, sino profundamente humano, tras recordar que una parte importante de los potenciales acreedores está integrada por contratistas envejecidos, algunos septuagenarios, afectados por deterioro patrimonial, problemas de salud y prolongado desgaste familiar tras años de espera.
Igualmente planteó la necesidad de que el país conozca si la comisión ya fue formalmente conformada, quiénes la integran, cuál será la metodología de trabajo, si se adoptará un reglamento operativo y qué cronograma orientará la recepción, saneamiento, validación y priorización de expedientes.
El Comité Institucional Codiano recordó que la promulgación de la Ley 16-26 fue presentada como un acto de reconocimiento frente a una deuda histórica del Estado con sectores productivos vinculados a la ejecución de obras públicas, pero insistió en que toda legislación debe avanzar desde el simbolismo jurídico hacia una ejecución transparente, verificable y con resultados medibles.
Finalmente, el CIC sostuvo que el verdadero termómetro de credibilidad de la Ley 16-26 no será únicamente su existencia legal, sino la capacidad institucional de convertirla en un proceso claro, ordenado y capaz de ofrecer respuestas verificables a quienes durante años han esperado justicia administrativa.