De ayuda temporal a compromiso millonario: subsidio al gasoil para transportistas supera los RD$9,000 millones
Santo Domingo, 19 oct,.— Una ayuda concebida para aliviar durante cinco meses el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los transportistas terminó convertida en un programa prolongado por años.
Desde su puesta en marcha en septiembre de 2021, el mecanismo acumula al menos ocho adendas y compromisos superiores a los RD$9,000 millones, mientras persisten interrogantes sobre los criterios de distribución, el crecimiento de sus montos y las condiciones para mantenerlo.
El origen se remonta a la salida gradual de la pandemia del COVID-19, cuando la recuperación de la actividad económica y las alteraciones provocadas por la emergencia sanitaria presionaban los mercados petroleros.
En ese contexto, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) suscribieron un convenio para apoyar a los operadores del transporte mediante la entrega subsidiada de gasoil.
El primer acuerdo contemplaba RD$304,990,000 para cinco meses, distribuidos entre 14 federaciones y sujetos a un límite mensual. Aunque tenía una fecha de vencimiento, en marzo de 2022 ambas instituciones firmaron otro convenio que dio continuidad al programa durante más de tres años, sin que se hiciera pública una auditoría, evaluación o explicación que sustentara esa prolongación.
Los convenios y sus modificaciones, obtenidos mediante solicitudes de libre acceso a la información pública, muestran cómo una medida inicialmente transitoria fue ampliando sus beneficiarios y elevando el volumen de recursos comprometidos.
El funcionamiento conservó su estructura esencial. El MICM, encabezado hasta inicios de 2026 por Víctor “Ito” Bisonó, tramitaba los pagos mediante el Sistema Integrado de Gestión Financiera a distribuidores mayoristas de combustibles autorizados y transportistas con títulos habilitantes. A través de estos se suministraba gasoil a choferes afiliados a las federaciones beneficiarias, conforme a los topes establecidos.
Al Intrant le correspondía validar que las facturas se ajustaran a esos límites antes de autorizar los desembolsos.
Con el paso del tiempo, los montos aumentaron considerablemente. El convenio inicial fijaba un techo mensual cercano a los RD$61 millones. En marzo de 2022 ascendió a RD$105 millones y en mayo de ese mismo año llegó a RD$136 millones. Las modificaciones posteriores lo llevaron a superar los RD$250 millones mensuales.
Las adendas mantuvieron argumentos similares para justificar la continuidad del apoyo, entre ellos los aumentos de los precios del transporte público asociados a la inestabilidad política internacional. Esa explicación permaneció durante las gestiones de cuatro directores ejecutivos del Intrant y en medio de distintas fluctuaciones de los precios del petróleo.
Sin embargo, los documentos examinados no presentan datos que expliquen por qué las necesidades del subsidio siguieron creciendo, ni por qué sus montos no volvieron a reducirse o el mecanismo no fue suprimido.
La concentración del dinero constituye otro de los aspectos relevantes del programa. Desde el acuerdo de 2021, tres organizaciones recibían la mayor proporción: la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), con el 28.48 % del límite mensual; la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), con el 25.87 %, y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), con el 18.73 %.
Las dos primeras son presididas por legisladores vinculados al oficialismo. Conatra está encabezada por Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez y aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fenatrado es dirigida por Ricardo de los Santos, senador de Sánchez Ramírez y presidente del Senado.
Fenatrano, por su parte, es presidida por Juan Hubieres, quien actualmente no ocupa un cargo político y ha mantenido posiciones opositoras al Gobierno, además de aliarse en elecciones anteriores con la Fuerza del Pueblo.
Durante el convenio y sus tres primeras adendas, las proporciones asignadas a estas organizaciones registraron variaciones menores. El cambio más significativo apareció en septiembre de 2023, con la cuarta modificación: Conatra pasó a concentrar el 33.3 % del total; Fenatrado conservó aproximadamente el 25.8 %, y Fenatrano descendió al 13.1 %, mientras se incorporaban nuevas entidades al reparto.
La cantidad de organizaciones beneficiarias también creció. De las 14 iniciales se pasó a 16 con la primera adenda, hasta alcanzar al menos 20 en la última modificación examinada. La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), incluida desde el comienzo, fue la única retirada del programa, a partir de la segunda adenda.
Pese a esas incorporaciones y cambios, Conatra, Fenatrado y Fenatrano mantuvieron conjuntamente más del 70 % de los recursos destinados a las ayudas.
Los documentos revisados no detallan los criterios utilizados para fijar esas proporciones. El convenio original establecía que las instituciones definirían las condiciones de selección y los montos correspondientes a cada federación, pero las adendas no incluyen una fórmula ni referencias a cantidad de vehículos, número de choferes u otros indicadores que permitan explicar las diferencias.
Esa ausencia impide identificar, a partir de los acuerdos, qué parámetros técnicos determinaron que una organización recibiera más recursos que otra o que su participación aumentara o disminuyera.
También cambió la fuente presupuestaria registrada para financiar el programa. En el convenio de 2021, el asiento de la Contraloría General de la República identificaba el fondo de origen con el código “0814, Apoyo Presupuestario Recursos Externos”, una clasificación normalmente asociada a préstamos de organismos internacionales o acuerdos de cooperación.
Desde marzo de 2022, los registros posteriores consignan el código “000100, Fondo General”, correspondiente al presupuesto ordinario del Estado. Las adendas no explican las razones de esa modificación, que trasladó el financiamiento registrado hacia los recursos generales de las arcas públicas.
La evolución del subsidio deja abiertas preguntas sobre su duración, sus resultados y sus mecanismos de control. Una medida presentada como respuesta puntual a las dificultades económicas posteriores a la pandemia se ha prolongado mediante sucesivas modificaciones, sin una explicación pública que precise por qué pasó a convertirse en un compromiso presupuestario sostenido.
Fuente: Listín Diario.