De Cobra a Onco14 y Cobra 2.0-A: la investigación sobre SeNaSa se expande a médicos, exempleados y prestadores de salud
SANTO DOMINGO, 20 sept..– Las investigaciones del Ministerio Público sobre el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han evolucionado hasta convertirse en un expediente con varias líneas investigativas que abarcan a antiguos funcionarios, empleados de la aseguradora estatal, médicos, prestadores de servicios de salud y particulares.
La denominada Operación Cobra constituye el eje principal del proceso. De ella se han desprendido investigaciones que posteriormente dieron origen a Onco14 y, más recientemente, a Cobra 2.0-A, operación que culminó este fin de semana con 25 nuevos sometimientos y una solicitud de 18 meses de prisión preventiva.
Aunque las cantidades atribuidas a cada línea son diferentes, el Ministerio Público sostiene que el entramado general provocó una defraudación de miles de millones de pesos al SeNaSa. En Cobra 2.0-A, específicamente, las autoridades han cuantificado hasta ahora en más de RD$40 millones los recursos presuntamente sustraídos mediante las maniobras investigadas.
Primera fase: Operación Cobra coloca bajo investigación la administración del SeNaSa
La primera gran etapa del expediente llevó al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, a quien el Ministerio Público señala como presunto cabecilla de la estructura investigada.
Junto con Hazim Albainy fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
La tesis del Ministerio Público sostiene que dentro del SeNaSa se habría establecido un esquema sistemático para desviar recursos públicos mediante la supuesta participación coordinada de funcionarios de la institución, particulares y prestadores de servicios de salud.
Los investigadores atribuyen al grupo delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, utilización de documentos falsos y lavado de activos.
Según la investigación, durante las pesquisas fueron detectadas evidencias relacionadas con sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación o utilización de programas especiales sin sustento jurídico, que habrían servido como mecanismos para distraer recursos pertenecientes a la aseguradora estatal.
La acusación del Ministerio Público sostiene que las operaciones afectaron directamente el patrimonio del SeNaSa y, por extensión, los recursos destinados a garantizar los servicios médicos de sus afiliados.
El monto global investigado alcanza miles de millones
Una de las diferencias importantes entre las distintas fases del expediente está relacionada con las cantidades investigadas.
En el caso general de la Operación Cobra, el Ministerio Público sostiene que las actuaciones atribuidas a la estructura produjeron una defraudación de miles de millones de pesos contra el Seguro Nacional de Salud.
La investigación persigue no solamente establecer responsabilidades penales, sino también localizar y procurar el decomiso de los bienes y recursos que las autoridades sostienen fueron sustraídos del patrimonio público.
El Ministerio Público ha explicado que Cobra no constituye una investigación cerrada alrededor de un único mecanismo de fraude. Por el contrario, desde las primeras etapas advirtió que existían diferentes líneas investigativas y distintas modalidades mediante las cuales presuntamente fueron desviados recursos del SeNaSa.
Esa circunstancia explica la aparición posterior de nuevos operativos y expedientes relacionados con el caso original.
Junio de 2026: Operación Onco14 abre la línea del Instituto Oncológico del Cibao
Una de esas ramificaciones salió públicamente a la luz en junio de 2026, cuando el Ministerio Público desplegó la denominada Operación Onco14.
La investigación se concentró en presuntas maniobras realizadas alrededor del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Las autoridades sostienen que la estructura habría utilizado al patronato para obtener beneficios económicos mediante operaciones fraudulentas que perjudicaron al Instituto Oncológico, a pacientes afectados por cáncer y al propio Seguro Nacional de Salud.
La operación llevó al arresto de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
También fueron arrestadas Luisa Yasiris Guzmán, esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado.
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la Vicepresidencia del patronato y, según la investigación, también desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante el período en que Lora Cruceta presidía la organización.
Onco14 confirmó que las pesquisas sobre SeNaSa habían comenzado a extenderse más allá de la administración interna de la aseguradora para examinar las relaciones con prestadores y entidades vinculadas a los servicios médicos.
Septiembre de 2026: Cobra 2.0-A abre un nuevo frente
La tercera gran fase conocida hasta el momento se produjo el viernes 18 de septiembre de 2026, con el despliegue de la Operación Cobra 2.0-A.
Bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los fiscales ejecutaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez —particularmente Cotuí— y La Vega.
La magnitud del operativo requirió la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También participó la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Como resultado fueron arrestadas personas vinculadas al sector salud, entre ellas numerosos médicos, así como exempleados del SeNaSa y particulares que, conforme a la imputación preliminar, habrían participado en las operaciones fraudulentas.
Más de RD$40 millones en la nueva línea investigativa
A diferencia del monto global atribuido al entramado inicial, en esta fase los fiscales han establecido hasta ahora una cantidad específica: más de RD$40 millones presuntamente sustraídos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, ha explicado que Cobra 2.0-A constituye otra demostración de las distintas modalidades de fraude identificadas durante las investigaciones.
Según Ortiz, esta representa la tercera operación relacionada con recursos presuntamente sustraídos al Seguro Nacional de Salud.
La funcionaria explicó que las investigaciones involucran a médicos, personas relacionadas con el sector sanitario, exempleados del SeNaSa y particulares que supuestamente se asociaron para defraudar a la institución.
20 de septiembre: solicitan prisión para 25 personas
La noche del sábado 19 de septiembre, el Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una instancia de aproximadamente 525 páginas, solicitando 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados.
El órgano persecutor pidió además que el expediente sea declarado de tramitación compleja, argumentando la pluralidad de hechos, víctimas y posibles involucrados y la existencia, según su planteamiento, de características propias de delincuencia organizada.
La solicitud fue encabezada por Mirna Ortiz, acompañada del procurador de corte Héctor García y los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.
Los 25 imputados de Cobra 2.0-A
Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
El expediente también incluye a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Completan el grupo Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo, identificados igualmente como médicos en la información suministrada por el Ministerio Público.
Tres operaciones y una investigación que continúa abierta
La secuencia permite identificar hasta ahora tres grandes momentos: Cobra, como expediente matriz sobre el presunto entramado dentro y alrededor del SeNaSa; Onco14, enfocada en las supuestas operaciones relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao; y Cobra 2.0-A, dirigida contra médicos, exempleados y otros vinculados al sector salud.
En términos económicos, las autoridades distinguen entre el impacto general del caso, que según el Ministerio Público alcanza miles de millones de pesos, y los más de RD$40 millones identificados específicamente en la línea correspondiente a Cobra 2.0-A.
El expediente se encuentra todavía en desarrollo. Mirna Ortiz ha advertido que las investigaciones pueden continuar ampliándose y que, en la actual fase de Cobra 2.0-A, las medidas solicitadas están dirigidas por el momento contra personas físicas.
El próximo paso inmediato será la audiencia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público deberá sustentar su solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra los 25 nuevos imputados.
La decisión que adopte el tribunal no determinará culpabilidad o inocencia, sino las medidas bajo las cuales los imputados enfrentarán la investigación. Las responsabilidades penales deberán establecerse posteriormente mediante el proceso judicial correspondiente y respetando la presunción de inocencia de las personas sometidas.