
Del barrio al punto de drogas, la ruta hacia la violencia
El Estado llega al barrio cuando el muchacho ya tiene una pistola en la mano
Por Héctor Rodríguez Pimentel
En muchos barrios dominicanos hay una batalla que el Estado está perdiendo. No comienza cuando suena el primer disparo ni cuando aparece una patrulla. Empieza mucho antes: cuando un niño descubre que el punto de drogas puede ofrecerle dinero, protección y pertenencia con mayor rapidez que la escuela, el club, la familia o las instituciones públicas.
Ahí comienza la fábrica de nuestros futuros delincuentes.
El punto no es solamente un lugar donde se venden drogas. En determinados sectores funciona como una pequeña estructura de poder territorial: necesita vigilantes, mensajeros y muchachos que avisen cuando llega la Policía.
El reclutamiento puede comenzar con algo aparentemente insignificante: un favor, unos pesos, una motocicleta prestada o una encomienda. Después viene algo todavía más poderoso: sentirse importante y pertenecer al grupo.
Alrededor de ese fenómeno se desarrolla una subcultura con lenguaje, gestos, música, motocicletas y armas exhibidas como símbolos de poder.
No criminalicemos la pobreza ni la cultura urbana. Una capucha no convierte a nadie en delincuente y el dembow no fabrica homicidas. El problema aparece cuando el arma, el dinero fácil, la violencia y el desafío a la autoridad son presentados como símbolos de éxito.
Las redes sociales multiplicaron ese fenómeno. El jefe de un punto que antes era conocido en cuatro calles hoy puede exhibir armas, cadenas, motocicletas y dinero ante miles de jóvenes. Y cuando comunicadores e influencers convierten personajes del bajo mundo en celebridades digitales, terminan otorgándoles una notoriedad que puede seducir a adolescentes vulnerables.
EL VACÍO QUE LLENÓ EL PUNTO
Aquí está el corazón del problema.
Nuestra Constitución establece que la educación debe formar integralmente al ciudadano y fomentar valores éticos, sociales y cívicos y la convivencia pacífica.
Pero durante décadas hemos permitido el deterioro de clubes, canchas, escuelas de arte y organizaciones comunitarias.
Cuando la cancha está abandonada y el punto está abierto; cuando el muchacho encuentra dinero en la esquina, pero no capacitación ni su primer empleo, alguien ocupa el espacio que dejaron vacío la familia, la comunidad y el Estado.
No podemos abandonar socialmente un barrio durante años y pretender recuperarlo después exclusivamente con patrullas y fusiles.
También debemos enfrentar cualquier vínculo de protección entre estructuras criminales y miembros corruptos de instituciones públicas, dirigentes políticos o comunicadores. El jefe del punto no puede convertirse en celebridad ni en intermediario político del barrio.
UN DATO QUE DEBE PREOCUPARNOS
La Fuerza de Tarea Conjunta informó que al 25 de septiembre de 2026 la tasa acumulada de homicidios había descendido a 7.36 por cada 100 mil habitantes y los robos habían disminuido 40.5 % respecto del mismo período de 2025.
Es una mejoría que debe reconocerse.
Pero el mismo informe contiene un dato inquietante: de los 99 homicidios registrados entre el primero y el 25 de septiembre, 45 fueron clasificados como “Acción Legal”.
Es decir, el 45.5 %.
Cuarenta y cinco muertes en 25 días: 1.8 diariamente.
La Policía necesita autoridad para enfrentar al delincuente armado. Pero autoridad no significa ausencia de controles.
No podemos afirmar sin investigación que esas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales. Tampoco debe bastar la expresión “Acción Legal” para cerrar el expediente. Cada muerte durante una intervención policial debe ser investigada rigurosamente por el Ministerio Público.
En nuestros barrios existe desde hace años una expresión terrible para referirse a determinadas muertes atribuidas a la Policía: “le dieron el 29”.
Un Estado de derecho no puede permitir que esa percepción se normalice.
NO TODO COMIENZA EN UN ATRACO
Otro dato oficial resulta igualmente revelador: de esos 99 homicidios, 35 fueron atribuidos a conflictos sociales.
Eso significa que una parte importante de nuestra violencia comienza en una discusión, un colmado, una fiesta, una disputa entre vecinos o un conflicto sentimental.
Alcohol, intolerancia y un arma disponible pueden convertir una discusión de cinco minutos en una muerte irreversible.
Los casos recientes tienen rostros. El 26 de septiembre fueron asesinados en La Caleta, Boca Chica, Frainer Vásquez, de 19 años, y Yuliza Rosario Chala, de 18. Entre los detenidos figura un adolescente de apenas 16 años.
En Santo Domingo Este, Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián “Oro Duro” Sarante, murió durante un violento hecho ocurrido dentro de su residencia, en el cual el artista también resultó gravemente herido.
HAY QUE DISPUTARLE LOS MUCHACHOS AL PUNTO
La solución no puede ser solamente mano dura.
Hay que recuperar los barrios con canchas iluminadas, clubes deportivos, formación técnica, escuelas de música, empleo juvenil y programas permanentes de prevención.
Una cancha abierta hasta las diez de la noche también es seguridad ciudadana.
Hay que trabajar con las familias vulnerables y detectar tempranamente cuándo un menor está siendo captado por una estructura criminal.
Y hay que perseguir el dinero detrás del punto, no solamente al muchacho que vende en la esquina: seguir las armas, vehículos, suplidores, financistas y redes de protección.
También necesitamos cámaras corporales, protocolos transparentes sobre el uso de la fuerza e investigación independiente de las muertes producidas durante intervenciones policiales.
Y debemos recuperar la educación cívica como formación práctica en convivencia, derechos, deberes y resolución pacífica de conflictos.
CERRAR LA FÁBRICA
El niño de doce años que hoy vigila una esquina no nació sicario.
Entre ese niño y el hombre armado que encontraremos dentro de cinco años existe una cadena de oportunidades perdidas.
Mientras la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones fallaban, alguien apareció para ofrecerle dinero, identidad y poder.
La reducción de los homicidios es positiva. Pero la seguridad ciudadana no puede medirse solamente contando muertos, robos y apresamientos.
Hay que contar también cuántos niños conseguimos rescatar antes de que el punto los convierta en soldados.
Porque cuando el Estado llega al barrio y el muchacho ya tiene una pistola en la mano, llegó demasiado tarde.
