Demandan a gigantes tecnológicos por supuesto acuerdo para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial
Una demanda presentada ante un tribunal federal de California acusa a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google de haber alcanzado un acuerdo ilegal para coordinar la desaceleración de sus respectivos programas de inteligencia artificial.
La acción judicial sostiene que las compañías, consideradas rivales directas dentro del mercado de la IA generativa, violaron las leyes antimonopolio al comprometerse a reducir conjuntamente el ritmo de desarrollo de sus sistemas.
El expediente fue depositado el viernes ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de California. Los demandantes argumentan que la coordinación disminuiría la competencia y reduciría el valor recibido por los consumidores que pagan suscripciones para utilizar ChatGPT, Claude, Grok o Gemini.
La demanda sitúa el principal episodio de coordinación el pasado 12 de septiembre, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo en el que pidió a toda la industria trabajar conjuntamente para desacelerar los avances de la inteligencia artificial y permitir que las medidas de seguridad pudieran ponerse al día.
Ese mismo día, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el responsable de SpaceXAI, Elon Musk, y el cofundador y presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, respondieron públicamente a la propuesta de Amodei y expresaron su respaldo a una mayor cooperación en materia de seguridad.
La acción legal asegura, sin embargo, que los acercamientos entre las empresas habrían comenzado meses antes. Como evidencia, menciona una declaración de julio de 2026 firmada por altos empleados de varios de los principales laboratorios de IA.
En ese documento, los firmantes reconocieron la existencia de una “intensa presión competitiva” que impedía a cada compañía frenar unilateralmente sus proyectos. La declaración también pidió al Gobierno estadounidense respaldar un esfuerzo mundial para disminuir el ritmo de desarrollo de sistemas automatizados de inteligencia artificial.
Los demandantes sostienen que un acuerdo entre los principales competidores para que el progreso tecnológico avance con mayor lentitud de lo que produciría la competencia tendría consecuencias anticompetitivas para los consumidores.
La demanda fue presentada por abogados de cuatro personas que pagan suscripciones a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini. Los representantes legales buscan que el caso sea reconocido como una acción colectiva nacional en nombre de otros usuarios de esos servicios.
Los demandantes aclararon que no se oponen a que cada compañía decida individualmente disminuir el ritmo de sus investigaciones para reforzar la seguridad de sus productos.
Su objeción se concentra en la supuesta decisión de sustituir la responsabilidad individual por una restricción colectiva acordada entre competidores. Según la demanda, las leyes antimonopolio impedirían que las empresas recurran a ese mecanismo sin la autorización de las autoridades.
Nick Rowley, abogado principal de los demandantes, advirtió que la seguridad de una tecnología con capacidad para escapar del control humano no debería quedar en manos de acuerdos privados entre algunas de las empresas con fines de lucro más poderosas del mundo.
Representantes de Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios realizadas el sábado.
Amodei reconoció posibles dificultades legales
En su ensayo, Amodei reconoció que una cooperación entre laboratorios competidores podría generar cuestionamientos relacionados con las leyes antimonopolio.
El ejecutivo consideró conveniente que el Gobierno de Estados Unidos mediara o facilitara las conversaciones sobre seguridad entre las empresas. Afirmó que las autoridades no necesariamente tendrían que participar directamente, pero sí podrían conceder una exención limitada para determinadas discusiones sobre riesgos y medidas preventivas.
Altman respondió mediante las redes sociales que OpenAI recibiría favorablemente la creación de un marco federal con requisitos uniformes de seguridad.
El ejecutivo sostuvo, no obstante, que las compañías no tendrían que esperar una exención antimonopolio o una nueva legislación para comenzar a proporcionar garantías sobre el funcionamiento seguro de sus sistemas.
Las conversaciones sobre una eventual desaceleración se intensificaron por el temor de que los modelos avanzados de inteligencia artificial puedan eludir los mecanismos de supervisión y actuar fuera del control humano.
Durante años, ejecutivos e investigadores del sector han defendido la creación de normas comunes y la coordinación de medidas destinadas a colocar la seguridad en el centro del desarrollo tecnológico.
Los demandantes aseguran que tampoco se oponen a que las empresas soliciten al Congreso, la Casa Blanca u otras agencias federales la elaboración de regulaciones para la inteligencia artificial. Tampoco rechazan que pidan formalmente una exención a las leyes antimonopolio.
Su argumento es que las compañías no pueden establecer por sí mismas un acuerdo para limitar la competencia sin contar previamente con la autorización gubernamental correspondiente.
Resistencia política a las regulaciones
Una colaboración respaldada por el Gobierno podría enfrentar importantes obstáculos políticos. El presidente Donald Trump rechazó en las redes sociales los llamados para regular la inteligencia artificial y afirmó que los esfuerzos para limitar esa tecnología forman parte de una “conspiración”.
Trump cuestionó por qué los principales ejecutivos de la industria reclaman regulaciones que, según expresó, podrían conducir a sus compañías a la desaparición o la quiebra si fueran aplicadas con rigor.
El mandatario anunció el sábado la creación de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y prometió nombrar un “zar de la IA”, aunque ofreció pocos detalles sobre sus funciones.
La administración Trump ha insistido en que los laboratorios estadounidenses deben avanzar con rapidez y superar a sus competidores chinos.
Mientras dirigentes y candidatos demócratas han solicitado medidas amplias para regular la IA, gran parte de los republicanos ha respaldado la postura del presidente de limitar la intervención del Gobierno.
El senador republicano Josh Hawley, de Misuri, declaró durante una audiencia reciente que no apoyaría una exención antimonopolio que permita colaborar a algunas de las compañías más poderosas del mundo.
Hawley argumentó que una autorización de ese tipo podría facilitar acuerdos entre las empresas para restringir la competencia.
El caso plantea un enfrentamiento entre dos preocupaciones: la necesidad de evitar que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial genere riesgos difíciles de controlar y la obligación de impedir que las principales compañías tecnológicas coordinen decisiones que reduzcan la competencia y perjudiquen a los consumidores.