Desde 2017 se vaticinó el fracaso del caso Odebrecht por ser un expediente político

Por Amadeo Peralta

Desde el 2017, en diversos medios de comunicación, vaticiné que el caso Odebrecht había nacido muerto frente a las disposiciones del código procesal. En República Dominicana, las delaciones premiadas no son aceptadas si el delator no está presente en el juicio aportando pruebas contundentes de su confesión: pruebas del soborno, de cómo se realizó el pago, y de quiénes recibieron los fondos.

En nuestro país, el delator debe someterse a un juicio donde sea interrogado, contra interrogado, y confrontado con pruebas que demuestren la sinceridad y arrepentimiento de sus acciones. Sin embargo, esto no sucedió. El país quiere saber a quiénes se sobornó para que se configure un delito precedente que justifique una condena. Si no hay pruebas de soborno, no se puede condenar a una persona por ese delito si nadie ha dicho “a mí me dieron” o “yo recibí dinero de alguien”, entre otros ejemplos.

Reitero que el hecho de haber involucrado en ese falso proceso a Andrés Bautista, a Chu Vásquez y a otras personas que, a todas luces, era evidente que su inclusión era un abuso, y haber dejado fuera a quienes probablemente sí tenían conocimiento del caso, le otorgó un matiz político a todo el proceso. Además, al imponer medidas de coerción a unos, mientras que a otros, después de haber estado presos, no se les acusó ni se les ofreció disculpas, y ahora la Suprema Corte de Justicia los descarga porque era lógico que no había pruebas, se confirma aún más que necesitamos un Ministerio Público verdaderamente independiente de toda influencia política.

Hoy expreso que tanto la medida de coerción como el propio juicio de fondo en el país, al dejar fuera e ignorar a los ejecutivos y a la empresa brasileña Odebrecht, obedeció a la presión política y social del momento. Este expediente fracasó en todos los países de América Latina, donde un juez en Brasil declaró totalmente ilegales y políticas todas las pruebas de ese caso, por lo que tampoco podía subsistir en la República Dominicana, tal como había vaticinado.

Reconozco que, si en ese momento de presión política internacional el juez no hubiera impuesto una medida de coerción, la sociedad, con el despliegue mediático que se le dio al proceso, lo habría satanizado. No podemos dejar de mencionar que, en casos donde sí se han presentado pruebas contundentes, los políticos han intervenido para ayudar a sus homólogos delincuentes a salir airosos de la justicia.

Mediante la Sentencia SCJ-SS-24-0969, la Suprema Corte de Justicia absolvió a Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, condenados a cinco y ocho años de prisión por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno en el caso Odebrecht, «por no haberse probado la acusación». Además, dispuso el cese de toda medida de coerción que pesaba sobre los procesados en ocasión de ese proceso.

Asimismo, se ordenó que les fueran devueltos todos los bienes incautados a Díaz Rúa y Ángel Rondón, incluyendo el levantamiento de toda oposición, medida de restricción, orden de inmovilización de fondos, radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición y medidas cautelares. Se dispuso la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso, incluyendo razones sociales, empresas, apartamentos, cuentas de ahorros, entre otros.

Me pregunto, después de haber atravesado por las vagamunderías de un expediente político, ¿quién va a reparar el daño ocasionado a los falsos imputados? A Ángel Rondón, quien fue sometido a un año de prisión preventiva; a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, quienes pasaron nueve meses en prisión preventiva; a Andrés Bautista, Temístocles Montás y Ruddy González, a quienes se les impuso seis meses de prisión preventiva; a César Sánchez y Máximo D´Oleo, quienes enfrentaron tres meses de prisión preventiva; y al arresto domiciliario de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez por un período de nueve meses. También se deben considerar las medidas coercitivas impuestas a los senadores Tommy Galán, Julio César Valentín y al diputado Alfredo Pacheco, quienes enfrentaron impedimento de salida del país y una fianza de cinco millones de pesos. Además, se les allanaron sus domicilios y se les bloquearon sus bienes bajo un expediente político falso.