¿ Desde cuándo grabar un video frente al Palacio Nacional está prohibido?
Por Miguel Liberato
El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo de la República Dominicana y, como tal, representa el principal símbolo de la administración pública y del ejercicio del poder civil.
Precisamente por esa condición, resulta preocupante que ciudadanos que simplemente utilizan un teléfono celular para grabar un video desde las calles perimetrales sean abordados por militares y obligados a detener la grabación, sin que se les explique cuál disposición legal prohíbe esa conducta.
Eso fue precisamente lo que ocurrió hace poco con el vocero del Comité Institucional Codiano (CIC), quien mientras se encontraba en la calle Moisés García grabando un video con su teléfono móvil fue interceptado por militares apostados en los alrededores del Palacio Nacional.
No se trataba de una producción audiovisual organizada, pues no había cámaras profesionales, iluminación, trípodes, drones, personal técnico ni ocupación de la vía pública.
Tampoco se estaba obstaculizando el tránsito vehicular o peatonal. Era, simplemente, un ciudadano ejerciendo su derecho a comunicar una opinión mediante la cámara de su teléfono desde un espacio público.
Naturalmente, es distinto cuando una filmación implica el cierre parcial de calles, la instalación de equipos profesionales, la ocupación del espacio público o la realización de actividades que puedan afectar la seguridad, el orden o la circulación.
En esos casos es razonable que las autoridades exijan permisos y coordinaciones previas, pero equiparar esa realidad con la grabación espontánea realizada por un ciudadano desde una acera constituye una diferencia que merece ser claramente explicada.
En consecuencia, resulta lógico preguntar si existe alguna norma que prohíba a un ciudadano grabar con su teléfono móvil el Palacio Nacional desde las calles que lo rodean.
Si la respuesta es afirmativa, esta disposición debería ser pública, conocida y aplicada de manera transparente y si no existe, impedir esas grabaciones genera dudas sobre el alcance de la medida y sobre su compatibilidad con las libertades públicas.
Las instituciones democráticas fortalecen su legitimidad cuando actúan con transparencia y cuando los ciudadanos pueden documentar y expresar libremente sus opiniones sobre asuntos de interés público, siempre dentro del marco de la ley y sin afectar la seguridad o el orden público.
Las autoridades competentes harían bien en aclarar públicamente cuáles son las reglas que rigen la toma de fotografías y videos desde las calles perimetrales del Palacio Nacional.
Una explicación clara evitaría interpretaciones arbitrarias, brindaría seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los propios miembros de las fuerzas de seguridad y contribuiría a preservar el delicado equilibrio entre la protección de las instituciones del Estado y el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas.