Dictan 18 meses de prisión preventiva a otro implicado en red que extorsionaba a residentes en EEUU
Santo Domingo, 21 agosto.– Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado como otro integrante de una presunta red criminal internacional dedicada a extorsionar, chantajear y estafar desde República Dominicana a personas residentes en Estados Unidos, estructura desmantelada mediante la Operacion XL526.
La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público por la jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, quien además declaró complejo el proceso.
Peña Cabrera enfrenta cargos por presuntamente lavar activos procedentes de crímenes y delitos de alta tecnología, operaciones que, de acuerdo con el expediente, le permitieron obtener recursos posteriormente introducidos al sistema financiero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado también utilizó fondos de origen ilícito para adquirir bienes considerados suntuosos, entre ellos viviendas, vehículos y prendas de alto valor, cuyo origen supuestamente no puede justificar de acuerdo con su perfil económico.
Las investigaciones establecieron, según el órgano acusador, que Peña Cabrera recibió y utilizó dinero procedente de actividades vinculadas a delitos de alta tecnología y posteriormente habría desarrollado diferentes operaciones destinadas a ocultar el origen de esos recursos.
Para esos fines, presuntamente realizó transferencias bancarias y transportó dinero en efectivo, como parte de un proceso de colocación y estratificación de capitales que posteriormente eran convertidos en bienes y otros derechos.
De acuerdo con el expediente, mediante esas operaciones el imputado procuraba transferir, poseer, ocultar y encubrir la naturaleza, procedencia, ubicación y propiedad de los bienes adquiridos con los recursos generados por las supuestas actividades ilegales.
El Ministerio Público indicó que Peña Cabrera comenzó a registrar movimientos financieros incompatibles con su perfil económico, incluyendo la recepción de dólares mediante remesas y divisas cuyo origen, según la investigación, no corresponde con actividades económicas lícitas relevantes en los ámbitos laboral o financiero.
Por el mismo expediente son procesados Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen diferentes medidas de coerción.
El Ministerio Público ha otorgado provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de violación de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y estafa, así como de disposiciones contenidas en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El expediente también incluye presuntas violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según el Ministerio Público, el caso cuenta con más de 700 elementos de prueba para sustentar las imputaciones contra los integrantes de la presunta estructura criminal.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron la declaratoria de complejidad debido a la cantidad de imputados y víctimas involucrados, así como por tratarse de una investigación relacionada con crimen organizado y lavado de activos.
Los fiscales argumentaron que esas características requieren disponer de mayor tiempo para profundizar las investigaciones conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.
Operación con 35 fiscales y 28 allanamientos
La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio mediante un amplio despliegue encabezado por 35 fiscales, quienes realizaron 28 allanamientos en diferentes puntos de Santiago y Puerto Plata. Durante las intervenciones también fueron detenidas varias personas con fines de investigación.
En el operativo participaron la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, además de HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Las investigaciones señalan que la organización operaba de manera sistemática desde República Dominicana mediante estafas, extorsiones, chantajes y obtención ilícita de fondos, teniendo principalmente como objetivos a residentes en Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 víctimas relacionadas con las actividades atribuidas a la estructura.
Los recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas eran presuntamente transferidos y ocultados mediante diferentes mecanismos para posteriormente ser blanqueados y adquirir apariencia de legalidad, de acuerdo con la investigación.
El Ministerio Público asegura que pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
También investiga su posible vinculación con distribución de sustancias controladas y utilización ilegal de armas de fuego.
Se hacían pasar por miembros del “Cartel de Sinaloa”
La supuesta organización criminal de carácter internacional tenía como base operativa el municipio de Jacagua, en la provincia Santiago, desde donde presuntamente eran ejecutadas las actividades dirigidas contra las víctimas en territorio estadounidense.
Según las autoridades, los integrantes aprovechaban su dominio del idioma inglés y diferentes herramientas tecnológicas para desarrollar las operaciones fraudulentas.
El esquema comenzaba con la captación de potenciales víctimas mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, los miembros de la red establecían contacto con ellas para someterlas a extorsiones y chantajes.
Como parte del mecanismo de intimidación, los imputados supuestamente se hacían pasar, utilizando medios tecnológicos, por integrantes de organizaciones criminales internacionales.
Entre las organizaciones cuya identidad utilizaban figuraba el denominado “Cartel de Sinaloa”, según establece el expediente del Ministerio Público.
Los supuestos integrantes de la estructura amenazaban a las víctimas y les exigían entregar determinadas cantidades de dinero. Para incrementar la intimidación, presuntamente les enviaban imágenes de crímenes violentos con el propósito de hacer creíbles sus amenazas.
Una vez obtenido el dinero, los recursos eran movilizados mediante diferentes mecanismos financieros y tecnológicos para dificultar su rastreo.
Entre los métodos identificados por las autoridades figuran la utilización de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y distintas plataformas digitales de pago.
Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las operaciones financieras y los demás integrantes de la estructura desmantelada mediante la Operación XL526, mientras avanzan los procesos judiciales contra las personas que hasta el momento han sido sometidas a la justicia.