Dictan prisión preventiva a dos mujeres acusadas de traficar adolescentes hacia Tórtola y Dominica
SANTO DOMINGO, 26 oct.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a dos mujeres imputadas, junto a una tercera, por su presunta participación en el tráfico de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica, mediante la suplantación de identidad y el uso de documentación irregular.
La medida fue dictada contra Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
A la tercera imputada, Yaribel Cristina Esquea, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$50,000 mediante una compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público. El juez Leomar Cruz Quezada también declaró el proceso de tramitación compleja.
De acuerdo con el órgano acusador, las investigaciones han permitido identificar hasta el momento a tres víctimas adolescentes, con edades de 14 y 16 años, que permanecen bajo el cuidado y la protección de las autoridades.
La solicitud de medidas de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a los fiscales Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, adscritos al organismo especializado y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
Según la investigación, las imputadas estarían vinculadas a actividades de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas mediante el transporte aéreo de menores de edad, a quienes presuntamente hacían pasar por adolescentes dominicanas para trasladarlas hacia ambas islas.
Las pesquisas fueron desarrolladas por la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
Detectan permiso falso en el aeropuerto
El expediente establece que el 8 de octubre de 2026 Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas acompañada de dos de las víctimas, con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y posteriormente trasladarse a Dominica.
Durante la inspección, Pimentel presentó los permisos de control migratorio de salida números 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750. Al verificar los documentos, un inspector determinó que el último era falso, por lo que trasladó a la mujer y a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Mientras entrevistaban a las menores, las autoridades advirtieron que únicamente se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como dominicanas. Esa situación motivó nuevas preguntas sobre su identidad y el vínculo que mantenían con su acompañante.
Según el Ministerio Público, Pimentel manifestó que no conocía a las adolescentes y que otras personas, a quienes tampoco conocía, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. La imputada fue arrestada en flagrante delito.
Utilizaron datos de adolescentes dominicanas
Durante las investigaciones, las autoridades obtuvieron una certificación de la Dirección General de Pasaportes que establece que los documentos utilizados por las adolescentes habían sido expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.
Para obtenerlos, según la acusación, fueron utilizados registros de nacimiento de adolescentes dominicanas, hijas de padres residentes en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
La solicitud de coerción señala que a Yaribel Cristina Esquea le ofrecieron dinero para facilitar los datos de sus hijas, con el propósito de hacer pasar a otras niñas por estas, gestionar pasaportes a sus nombres y sacarlas del país. El Ministerio Público sostiene que la imputada aceptó la propuesta.
El expediente también indica que Cristian del Carmen Rosario Rodríguez le dijo a Esquea que le entregaría dinero para sacar del territorio dominicano a una de las víctimas.
Los fiscales Roberto Antonio Reyes Torres y Diógenes Quezada representaron al Ministerio Público durante la audiencia en la que fueron impuestas las medidas de coerción.