Dictan prisión preventiva contra Luisa González por presunto lavado de activos; el correísmo denuncia persecución
Quito, Ecuador., 23 oct. — La Justicia ecuatoriana ordenó este viernes prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, dentro de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
La jueza encargada del denominado caso Laberinto acogió la solicitud de la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, celebrada un día después de la detención de González en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la provincia costera de Manabí.
La dirigente permanecía bajo custodia en el Cuartel Modelo de Guayaquil. Su organización política, principal fuerza opositora al presidente Daniel Noboa, denunció que el proceso constituye una persecución judicial con objetivos políticos, a cinco semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre.
González compitió por la Presidencia en 2023 y 2025 y perdió en ambas ocasiones frente a Noboa en segunda vuelta. La medida cautelar dictada en su contra no constituye una sentencia sobre su responsabilidad penal.
Un testimonio bajo cuestionamiento
La investigación incluye la declaración del exasambleísta correísta Santiago Díaz, quien aseguró en marzo que trasladó dinero en efectivo desde Venezuela por instrucciones del expresidente Rafael Correa para financiar la campaña de González en las elecciones extraordinarias de 2023.
La información publicada señala que no se habían presentado pruebas que corroboraran esa versión sobre el traslado de fondos desde Venezuela.
Díaz ofreció su testimonio después de ser expulsado de Revolución Ciudadana, en medio de acusaciones por la violación de una menor. Por ese delito recibió una condena de 29 años y cuatro meses de prisión.
Además de solicitar prisión preventiva para González, el Ministerio Público pidió el encarcelamiento provisional de Díaz y de Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil.
El proceso se desarrolla en un escenario de fuertes tensiones políticas. Las investigaciones contra Revolución Ciudadana han derivado en la inhabilitación de la organización para las próximas elecciones locales, en las que dirigentes correístas aspiraban a conservar gobiernos municipales y provinciales, incluidos Quito y Guayaquil.
La investigación sobre 500,000 dólares
Una de las líneas del caso busca establecer si la campaña presidencial de González recibió recursos a través de una empresa vinculada con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil elegido en 2023 con el respaldo de Revolución Ciudadana y también opositor a Noboa.
El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, afirmó este viernes que el caso Laberinto examina el origen y la trazabilidad de 500,000 dólares.
Según explicó, la Fiscalía analiza una conversación de junio de 2023 en la que una persona identificada como cooperadora de la investigación escribió a un contacto registrado como “Aquiles Alvarez 1” para consultar sobre un presupuesto global de campaña por ese monto.
Neira sostuvo que la respuesta indicaba destinar los recursos al pago de brigadistas, camisetas y otros gastos, mediante desembolsos en efectivo. Añadió que esos mensajes forman parte de los elementos utilizados para investigar la presunta participación del alcalde en el financiamiento electoral.
El funcionario también aseguró, en un video publicado en X, que la línea de investigación alcanza al menos a otras ocho figuras relacionadas con Revolución Ciudadana y menciona a Rafael Correa, a quien describió como prófugo de la Justicia.
Otros procesos contra el alcalde de Guayaquil
Alvarez permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad y ha recibido dos sentencias condenatorias en primera instancia.
Una de ellas le impuso tres años de prisión por no utilizar el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido ordenado. La otra corresponde a un proceso relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustible.
El alcalde enfrenta, además, una segunda investigación por presunto lavado de activos vinculada con sus empresas dedicadas a la venta de combustibles.
Operaciones financieras consideradas inusuales
La directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Ana Paula Patiño, informó que el examen de operaciones efectuadas entre 2020 y 2026 permitió identificar movimientos considerados inusuales dentro del caso Laberinto.
Entre ellos mencionó ingresos superiores a 400,000 dólares para los que no se había identificado una justificación. Según su exposición, el 80% de esos recursos se recibió en apenas dos meses, mediante transferencias y depósitos en efectivo.
Patiño sostuvo que las operaciones fueron realizadas por terceros sin relaciones comerciales, contractuales o laborales que explicaran las transacciones detectadas en el sistema financiero nacional.
Agregó que algunas de esas personas no presentaban perfiles económicos compatibles con los montos movilizados y que la mayoría de las operaciones habría sido efectuada por ciudadanos venezolanos y colombianos.
La Fiscalía busca determinar la procedencia del dinero, identificar a quienes participaron en su circulación y establecer el papel de las personas y empresas investigadas. Mientras avanza el proceso, el correísmo mantiene su denuncia de que las actuaciones judiciales buscan debilitar a la oposición antes de los comicios.