Dictan prisión preventiva y otras medidas a cuatro acusados de traficar 128 migrantes hacia Puerto Rico
Higüey, La Altagracia, 13 sept.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas acusadas de organizar y ejecutar dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico, en las que fueron interceptados 128 viajeros.
Los sometimientos fueron realizados por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en coordinación con la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en Puerto Rico.
Las acciones forman parte de una investigación interinstitucional dirigida a identificar y desarticular estructuras criminales dedicadas a organizar travesías marítimas clandestinas entre República Dominicana y Puerto Rico.
En una de las operaciones fueron interceptadas 77 personas, mientras que en la segunda se detuvo a otras 51 que presuntamente intentaban ingresar de manera irregular a territorio puertorriqueño utilizando embarcaciones empleadas para este tipo de viajes.
Luego de evaluar las evidencias recopiladas durante la investigación, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de medidas de coerción contra los cuatro imputados.
El juez dispuso tres meses de prisión preventiva contra Vladimir Lajara Aguasvivas, conocido como “el Mello”, señalado por las autoridades como uno de los organizadores de las operaciones ilegales.
Asimismo, Wiston José Muñoz Rosario y Berto de la Rosa Ortega, vinculados a la travesía en la que fueron interceptadas 77 personas, deberán pagar una garantía económica, presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán salir del país.
Las mismas medidas fueron impuestas a Iván Peña Faña, identificado como el capitán de la embarcación utilizada en la operación en la que fueron detenidos los otros 51 viajeros.
Acusados podrían enfrentar hasta 30 años de prisión
De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a organizar, coordinar y ejecutar operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico.
Para realizar las travesías, la organización empleaba embarcaciones clandestinas que no disponían de las condiciones de seguridad necesarias, exponiendo a sus ocupantes a naufragios, deshidratación y otros peligros propios de la navegación irregular a través del canal de la Mona.
Los procesados podrían enfrentar sanciones de hasta 30 años de reclusión mayor debido a las circunstancias agravantes atribuidas al caso. Entre estas figuran el intento de sacar del territorio nacional a personas prófugas de la justicia y el traslado de decenas de ciudadanos haitianos indocumentados.
La acusación se sustenta en las disposiciones de la Ley número 46-25, que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La investigación es dirigida por la PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, junto con la Fiscalía de La Altagracia y los organismos nacionales e internacionales participantes.
Armada destaca cooperación internacional
La Armada de República Dominicana afirmó que los resultados de las operaciones evidencian la importancia de la cooperación nacional e internacional para combatir las estructuras criminales que obtienen beneficios económicos poniendo en peligro la vida de las personas.
La institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima en coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
También aseguró que mantendrá su colaboración con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para identificar, perseguir, apresar y presentar ante la justicia a organizadores, capitanes, colaboradores y demás integrantes de estas redes.
Las autoridades exhortaron a la población a no arriesgar su vida participando en travesías clandestinas y advirtieron sobre los numerosos peligros que implica cruzar el canal de la Mona en embarcaciones precarias y sobrecargadas.
Igualmente, llamaron a la ciudadanía a abstenerse de colaborar, financiar o facilitar las actividades de individuos y organizaciones dedicados al tráfico ilícito de migrantes, práctica criminal que históricamente ha provocado pérdidas humanas y dolor en numerosas familias dominicanas.