
Dictan un año de prisión preventiva contra acusado de violar a dos adolescentes y matar a una en Navarrete
Santiago, 9 oct.– El juez José Rafael D’Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso un año de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, acusado de violar sexualmente a dos adolescentes, de 13 y 14 años, y de matar a la primera, cuyo cuerpo habría lanzado al río Yaque del Norte, en el municipio Villa Bisonó, conocido como Navarrete.
El tribunal acogió las solicitudes presentadas por los fiscales Yarily Toribio y Elvin Ventura, en representación del Ministerio Público, luego de analizar las evidencias aportadas en la instancia de solicitud de medidas de coerción. Rodríguez Cruz cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
Además, el juez autorizó la realización de un anticipo de pruebas a la adolescente sobreviviente. El Ministerio Público solicitó esta disposición para preservar su intimidad, evitar la revictimización y reducir el riesgo de que, con el paso del tiempo, se pierdan detalles que su memoria no pueda conservar.
Según la investigación preliminar, el imputado se desplazaba en una motocicleta cuando se ofreció a transportar a las adolescentes para comprar una cena. Sin embargo, después de recorrer varias calles y callejones, las llevó a una zona apartada entre matorrales, próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla, cerca del río Yaque del Norte, donde presuntamente cometió los hechos.
El órgano acusador sostiene que la adolescente de 13 años intentó escapar, pero fue alcanzada por el agresor, quien le habría provocado múltiples heridas de arma blanca y posteriormente arrojado su cuerpo al río. Las autoridades recuperaron el cadáver dos días después del crimen, tras un operativo de búsqueda.
La adolescente de 14 años logró sobrevivir al esconderse entre los matorrales mientras el agresor perseguía a su amiga. De acuerdo con las indagatorias preliminares, permaneció oculta en ese lugar hasta el amanecer.
El Ministerio Público informó que las diligencias en curso buscan reunir las pruebas y sustentar la teoría de los hechos atribuidos al imputado.
En relación con la adolescente sobreviviente, la instancia le atribuye provisionalmente la violación de los artículos 117, 118 —numerales 1 y 4—, 119, 127 —párrafo II, numerales 2, 3, 4, 5 y 8—, 135, 137 —numerales 2 y 6— y 167 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley núm. 44-26, según la referencia legal contenida en el comunicado del Ministerio Público.
El órgano persecutor señala que estas disposiciones tipifican y sancionan la tortura o los actos de barbarie agravados, el trato cruel, inhumano o degradante, la violencia de género agravada y la violación sexual agravada por amenazas de muerte y uso de armas blancas.
También le imputa infringir el artículo 396, literales A, B y C, de la Ley núm. 136-03, que establece el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por los hechos cometidos contra la adolescente de 13 años, el Ministerio Público atribuye al acusado la violación de los artículos 117, 118 —numerales 1 y 4—, 119, 127 —párrafo II, numerales 2, 3, 4, 5 y 8—, 93, 94 —numeral 1—, 135, 137 —numerales 2 y 6— y 167 del citado código.
Según la instancia, estos cargos comprenden tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de armas blancas y feminicidio agravado. Asimismo, se le atribuye infringir el artículo 396, literales A, B y C, de la Ley núm. 136-03, en perjuicio de la adolescente fallecida.
Equipo multidisciplinario reúne las pruebas
La recopilación de información pericial, documental y material está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público, integrado por la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), dirigida por Olga Diná Llaverías.
También participan la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago, representada por la procuradora fiscal María Dolores Rojas, y la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez.
El equipo incluye, además, a la fiscal Xiomara Peña y al Departamento de Violencias Físicas (Homicidio) de la Fiscalía de Santiago, encabezado por su directora Yeilín Durán, junto con la fiscal Cristina Ramírez.
