
DIDA pide al TC una solución general para las familias a las que se les niega la pensión por sobrevivencia
Santo Domingo, 12 Nov.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) valoró la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó otorgar una pensión por sobrevivencia a la viuda de un médico jubilado del Estado y pidió a esa corte decidir la acción de inconstitucionalidad que interpuso para evitar que viudas, viudos y huérfanos tengan que demandar al Estado para cobrar la prestación que les corresponde.
El médico, que prestó servicios en el Ministerio de Salud Pública y en el Servicio Nacional de Salud, falleció cuando ya estaba pensionado. Su viuda solicitó la pensión por sobrevivencia, pero las autoridades se la negaron porque su esposo no había autorizado en vida un descuento del 2 % de su pensión. En su lugar, recibió un pago único equivalente a doce mensualidades.
Mediante la Sentencia TC/1135/26, del 29 de octubre de 2026, el Tribunal Constitucional determinó que la negativa vulneró los derechos fundamentales de la viuda. La corte ordenó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda y Economía otorgarle la pensión por sobrevivencia y pagarle todas las mensualidades que dejó de percibir desde el fallecimiento de su esposo. Fijó un plazo de tres meses para cumplir el fallo y una penalidad de RD$2,000 por cada día de retraso.
El tribunal reiteró que la falta de autorización del descuento del 2 % no justifica denegar la pensión y que la responsabilidad por esa omisión recae exclusivamente en la Administración. Sostuvo que la viuda y los hijos no deben sufrir sus consecuencias y que la pensión por sobrevivencia constituye un derecho adquirido e irrenunciable, protegido por el artículo 60 de la Constitución. Para resolver el caso, aplicó los principios pro homine y de favorabilidad, que orientan la interpretación hacia la mayor protección de los derechos fundamentales.
El descuento del 2 % y las negativas de pensión
El artículo 6 de la Ley núm. 379-81, que regula las jubilaciones y pensiones del Estado, dispone que, al fallecer el pensionado, sus beneficiarios reciben el equivalente a doce mensualidades. El párrafo I de ese artículo prevé que la familia conserve la pensión de forma permanente cuando el titular haya autorizado en vida el descuento del 2 %. Según la DIDA, muchos pensionados desconocían ese trámite, cuya aplicación ha determinado si sus familiares reciben un ingreso permanente o un solo pago equivalente a un año de pensión.
Desde la Sentencia TC/0432/15, del 30 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional sostiene que la autorización del descuento es facultativa, pues la ley establece que el pensionado «podrá» concederla. La corte reiteró ese criterio en las sentencias TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25 y TC/0029/26, entre otras, y volvió a aplicarlo en la TC/1135/26.
La DIDA señaló que, pese a esa jurisprudencia, las negativas continúan y las familias afectadas deben acudir a los tribunales para reclamar, caso por caso, un derecho amparado por los artículos 38, 55, 57 y 60 de la Constitución, relativos a la dignidad humana, la protección de la familia, la protección de las personas de la tercera edad y la seguridad social. En el caso más reciente, el Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso de amparo de la viuda, quien acudió después al Tribunal Constitucional y obtuvo una decisión casi dos años después de la muerte de su esposo.
La DIDA reclama una decisión de alcance general
La institución interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley núm. 379-81. Según explicó, las sentencias de amparo benefician a quienes presentan la demanda. Una decisión favorable sobre la acción directa tendría efectos generales y permitiría proteger a las familias de pensionados y jubilados del Estado que se encuentren en la misma situación, sin que cada una tenga que contratar abogados, asumir gastos o esperar años por una sentencia.
“El Tribunal Constitucional lleva más de diez años diciendo que la falta de ese 2 % no puede dejar a una viuda sin pensión. Lo justo es que ninguna familia tenga que demandar al Estado para cobrar lo que le corresponde. Por eso pedimos al Tribunal que conozca nuestra acción y resuelva este problema para todos”, afirmó el director general de la DIDA, Elías Báez.
La DIDA reiteró su llamado al Tribunal Constitucional para que conozca y decida la acción interpuesta y establezca una solución de alcance general que garantice el derecho a la pensión por sobrevivencia de los familiares afectados.
Orientación y asistencia legal gratuita
Los familiares de pensionados y jubilados del Estado a quienes se les haya negado la pensión por sobrevivencia pueden solicitar orientación y asistencia legal gratuita en la DIDA. La institución ofrece atención las 24 horas en el 809-472-1900 y también recibe consultas a través de sus redes sociales, su oficina central, sus oficinas provinciales y los Punto GOB.
