Diputados aprueban proyecto que obliga a becados en el extranjero a regresar al país
Santo Domingo, 2 sept.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas, con el propósito de contribuir al desarrollo productivo y laboral de la sociedad dominicana.
La iniciativa, presentada por el diputado José Caraballo, pretende garantizar a los ciudadanos un acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional mediante el otorgamiento de facilidades económicas.
La propuesta establece que los jóvenes y adultos beneficiados con becas gubernamentales para cursar estudios en universidades extranjeras deberán regresar a la República Dominicana y permanecer en el país durante un período de dos a cinco años, con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos.
Si el graduado incumple esa obligación, tendría que devolver al Poder Ejecutivo una proporción o la totalidad de los recursos recibidos durante su formación académica.
De acuerdo con el legislador, esa disposición se fundamenta en “una condición legítima vinculada al principio de reciprocidad social”, tomando en cuenta que los estudios fueron financiados con recursos públicos.
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la pieza deberá ser conocida en dos discusiones por el Senado de la República. Si recibe el respaldo de la Cámara Alta, será enviada al presidente Luis Abinader, quien decidirá si la promulga o la observa.
Obligaciones de los beneficiarios
El representante del Distrito Nacional incluyó en la propuesta otros compromisos que deberán cumplir los dominicanos beneficiados por el Sistema Nacional de Becas.
Entre esas obligaciones figuran mantener el rendimiento académico mínimo requerido y emplear los recursos económicos recibidos exclusivamente en los fines educativos y formativos para los cuales fueron otorgados.
Los estudiantes también tendrán que entregar oportunamente la documentación solicitada y mantener actualizados sus datos personales, académicos y socioeconómicos.
Sanciones por incumplimiento
El proyecto dispone amonestaciones escritas y la suspensión temporal de los recursos para los beneficiarios que incumplan con la entrega de documentos o no actualicen las informaciones requeridas por las autoridades responsables del programa.
Asimismo, contempla el reintegro proporcional de los fondos utilizados de manera indebida y la inhabilitación para participar en futuras convocatorias de becas durante un período de hasta tres años.
Estas sanciones serían aplicadas cuando se determine la utilización parcial de los recursos para propósitos distintos de los autorizados, la obstaculización de los procesos de auditoría o la omisión de informaciones sobre cambios en las condiciones socioeconómicas del beneficiario.
“La utilización parcial de los fondos en fines distintos a los autorizados, obstaculizar los procesos de auditoría y la omisión de informar sobre cambios en la condición socioeconómica”, señala el documento elaborado por Caraballo, legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Cancelación definitiva de la beca
La presentación de documentos falsos o adulterados para obtener una beca, el uso fraudulento del apoyo económico y la manipulación de los registros académicos provocarían la cancelación definitiva del beneficio.
Quienes incurran en esas faltas también tendrían que devolver la totalidad de los fondos recibidos y quedarían inhabilitados para participar en nuevos procesos de becas durante un período de hasta 10 años.
Además, el expediente correspondiente sería remitido al Ministerio Público para que los hechos sean investigados y, en caso de existir responsabilidad, los involucrados puedan ser sometidos a la justicia penal.
Corrupción y favoritismo político
La propuesta también incluye sanciones contra los funcionarios que participen en actos de corrupción, favoritismo político o asignación irregular de becas.
“En el caso de funcionarios, además, se aplicaría lo establecido en la Ley de Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, expresa el proyecto.
Sin embargo, la pieza no especifica cuáles de las sanciones contenidas en esas legislaciones serían aplicadas contra los servidores públicos que cometan irregularidades durante la gestión, administración y distribución de las becas.
El órgano denominado Conabe estaría dirigido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
En su integración también participarían los ministerios de(crédito: 56f00e58158240ffbcca683419857975) Educación, Trabajo y Juventud; el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep); la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); representantes de las universidades privadas; el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).