Director de la Policía promete perseguir a delincuentes en medio de la inseguridad y las muertes en supuestos intercambios de disparos
La advertencia fue pronunciada durante una visita a la Dirección Regional Norte y difundida por la institución en sus redes sociales. Sus declaraciones se producen mientras, según un recuento publicado por Listín Diario, al menos 21 personas señaladas por la Policía como presuntos delincuentes murieron en supuestos enfrentamientos con sus agentes durante los últimos ocho días.
«En este país, a partir de ya, si se entrega (delincuente) cuando comete los hechos o si lo deja de cometer; de lo contrario, nosotros lo vamos a buscar, no importa dónde se meta; nosotros, la autoridad policial, vamos a hacer sentir el brazo poderoso del Estado», expresó Rodríguez García ante miembros de la institución.
El jefe policial sostuvo que la misión del cuerpo del orden consiste en proteger a la ciudadanía y separar a los «buenos de los malos». En ese sentido, afirmó que corresponde a los agentes mantener tras las rejas a quienes definió como enemigos de la sociedad.
Explicó que proteger a la población implica sacar de las calles a los delincuentes, apresarlos y someterlos a la justicia, debido a que, según manifestó, los antisociales «no pueden convivir en la calle de manera libre».
Rodríguez García insistió en que los policías deben asumir los riesgos propios de su función y mantener el control en las zonas donde prestan servicio. Vinculó esa responsabilidad con el acercamiento a los ciudadanos y con lo que denominó la metodología del buen uso de la fuerza.
«No importa hasta dónde lleguemos. No importa el riesgo que pongamos, porque es nuestra responsabilidad», señaló, antes de reiterar que los agentes tienen el deber de preservar el orden en sus respectivas demarcaciones.
Posición de Wilson Caamacho sobre los llamados intercambios de disparosLas declaraciones coinciden con una cadena de intervenciones policiales con resultados mortales. En los informes sobre esos hechos, la institución ha descrito a algunos de los fallecidos como peligrosos, con antecedentes o activamente buscados, y ha sostenido que dispararon contra los agentes. Esas explicaciones corresponden a la versión policial de los sucesos.
A este panorama se suman las cifras de criminalidad recogidas a partir de reportes de análisis criminalístico de la Policía y la Procuraduría General de la República correspondientes a las primeras dos semanas de septiembre. La publicación señala que, en un período de siete días, se contabilizaron 1,556 robos, 33 homicidios y 67 personas heridas.
Entre las modalidades delictivas mencionadas figuran 273 asaltos, 882 robos simples, 102 arrebatos de pertenencias y 78 robos mediante roturas en residencias. Estas categorías suman 1,335 casos; el desglose reproducido en la información no precisa los 221 restantes para completar el total de 1,556 robos reportado.
Los informes también consignaron 12 muertes bajo la categoría de «acciones legales», denominación utilizada por las autoridades para registrar fallecimientos en intervenciones o intercambios de disparos.
Esa cifra corresponde al período del reporte estadístico y no debe sumarse al recuento de 21 fallecidos en ocho días, pues la información disponible no permite determinar en qué medida coinciden ambos registros.
Pese a estos hechos, la Policía y la Procuraduría sostienen que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se mantiene por debajo de la registrada en 2025. Los datos citados no incluyen una comparación entre períodos equivalentes que permita establecer cuánto han aumentado o disminuido los robos.
La preocupación por la inseguridad se ha extendido a distintos sectores sociales. Entre los casos recientes figura el asalto a la vivienda del artista Julián Oro Duro, donde un grupo de delincuentes ingresó para sustraer objetos de valor y terminó causando la muerte de su esposa, Socorro Castillo.
También se menciona el intento de asalto sufrido por Holi Matos, embajador del servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional. Ambos episodios ilustran el alcance de hechos delictivos que afectan tanto a residentes de barrios populares como a funcionarios y figuras públicas.
Ante esta situación, representantes de la Iglesia católica han reclamado respuestas de las autoridades. El párroco del templo Nuestra Señora de las Mercedes, fray Jorge Jiménez, cuestionó que la inseguridad continúe siendo objeto de declaraciones sin que se logren las soluciones que demanda la población.
«Es un tema que se está ya agotando en el país, solo se habla y no se resuelve», manifestó el religioso, al pedir medidas para enfrentar el problema.
Por su parte, el Ministerio de Interior y Policía invitó a Jiménez a integrarse a sus mesas de diálogo. En su comunicación, destacó que la Iglesia ha sido una aliada en esa tarea y expresó su interés en contar con la participación del sacerdote y de la comunidad parroquial de Las Mercedes.