Diversos sectores llevan al Congreso nuevas propuestas para modificar el Código Penal antes de su entrada en vigor
Santo Domingo, 15 julio.– A pocas horas de vencer el plazo establecido para recibir observaciones y propuestas de modificación a la nueva Ley 74-25 del Código Penal, representantes de organizaciones sociales, gremiales, profesionales y políticas acudieron este miércoles al Congreso Nacional para solicitar cambios a varios artículos que consideran contienen errores o disposiciones que deben ser revisadas antes de que la normativa entre en vigencia el próximo 5 de agosto.
Entre los temas que concentran la mayor cantidad de observaciones figuran la despenalización del aborto en tres causales, los delitos relacionados con la libertad de expresión, las sanciones por difamación e injuria, la tipificación del ultraje contra funcionarios públicos, la violencia digital y las disposiciones sobre corrupción administrativa.
A pesar de que la Comisión Bicameral ha recibido más de una veintena de documentos con recomendaciones provenientes de distintos sectores, la Cámara de Diputados estima que el análisis de las propuestas podría completarse en un plazo máximo de dos días, para luego someter las modificaciones al conocimiento del pleno del Congreso.
Debate sobre las tres causales
Uno de los temas que continúa generando mayor polarización es el relacionado con las tres causales para la interrupción del embarazo.
Mientras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres solicitan que el Código Penal excluya de sanciones el aborto cuando la vida de la embarazada esté en riesgo, el feto presente una condición incompatible con la vida o el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, otros sectores sostienen que aceptar esas excepciones sería contrario a la Constitución al afectar el derecho fundamental a la vida.
Al menos tres colectivos de defensa de los derechos de las mujeres depositaron de manera individual propuestas para eliminar las sanciones penales contra quienes interrumpan un embarazo o colaboren con ese procedimiento bajo esas circunstancias.
A esas iniciativas se suman un documento respaldado por unas 12,000 firmas ciudadanas, otro elaborado por 70 profesionales del derecho y una propuesta presentada por el partido Opción Democrática (OD).
Entre las organizaciones que respaldan esa modificación figuran la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), la Coalición Ciudadana PODEMOS, el Centro de Atención a la Víctima y el National Dominican Women's Caucus, entre otras entidades.
Observaciones sobre libertad de expresión
Las disposiciones vinculadas a la libertad de expresión constituyen otro de los capítulos más cuestionados del nuevo Código Penal.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia (FPJ) solicitaron revisar varios artículos al considerar que podrían afectar el ejercicio del periodismo y restringir derechos fundamentales.
El CDP considera excesiva la responsabilidad penal que el artículo 39 atribuye a los medios de comunicación, al entender que esa disposición podría incluso facilitar el cierre de empresas periodísticas.
Asimismo, cuestionó que el proyecto restablezca la denominada "responsabilidad en cascada", figura que, según sostiene, fue eliminada por el Tribunal Constitucional por contravenir el principio de responsabilidad personal.
El gremio también pidió revisar el artículo 192, que sanciona la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, al advertir que la norma no contempla excepciones para publicaciones de evidente interés público.
Igualmente expresó preocupación por los artículos 208 y 209, relativos a la difamación y determinados casos de extorsión, debido a que mantienen penas de prisión y presentan una redacción que, a juicio del CDP, podría afectar denuncias legítimas o generar interpretaciones ambiguas.
Respecto al artículo 210, sobre injuria, la entidad entiende que su contenido podría utilizarse para sancionar de forma desproporcionada opiniones críticas emitidas contra personas o instituciones.
Cuestionan el delito de ultraje
Otra de las disposiciones objetadas corresponde al artículo 310, que tipifica el delito de ultraje contra funcionarios públicos.
Tanto el Colegio Dominicano de Periodistas como Opción Democrática solicitaron su eliminación al considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a cuestionar la actuación de los servidores públicos.
La disposición establece sanciones de entre quince días y un año de prisión para quienes profieran expresiones, amenazas, escritos, imágenes u otros contenidos considerados ofensivos contra la dignidad de funcionarios o de las funciones que desempeñan.
Según Opción Democrática, mantener ese artículo otorgaría a los funcionarios públicos una protección penal privilegiada de la que no dispone el resto de los ciudadanos, vulnerando así el principio de igualdad ante la ley.
La organización política también manifestó su desacuerdo con el artículo 192, al considerar que la redacción propuesta debilita la protección frente a la violencia digital.
Otras modificaciones propuestas
Entre las observaciones adicionales presentadas por Opción Democrática figura la eliminación de la excepción de responsabilidad penal prevista en el artículo 13 para partidos políticos, agrupaciones, movimientos e iglesias, al entender que esa disposición contradice el principio constitucional de igualdad.
Asimismo, planteó modificar el artículo 308 para garantizar que los delitos graves de corrupción administrativa no prescriban con el paso del tiempo y propuso elevar hasta 20 años de prisión la pena por malversación de fondos públicos, junto con otras modificaciones destinadas a fortalecer el régimen de responsabilidad penal en materia de administración pública.