DNI niega participación en el atropello contra médico en Ocoa
Santo Domingo, 31 de enero – El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el doctor Luis Soto, desmintió categóricamente la participación de cualquier agente de la institución en la agresión y detención del doctor Wazar Gómez durante una protesta pacífica en San José de Ocoa. La aclaración se realizó en respuesta a la inquietud expresada por el Listín Diario a través de un editorial publicado ayer.
En una carta dirigida al director del Listín Diario, Miguel Franjul, Soto condenó el incidente y expresó su agradecimiento por la preocupación manifestada por el periódico. En sus palabras, afirmó: «Agradecemos su preocupación ante el incidente del pasado fin de semana en San José de Ocoa. Queremos expresar que condenamos lo ocurrido al doctor Wazar Gómez».
El director de la DNI aseguró que ningún miembro de la entidad estuvo involucrado en el incidente y aclaró que las funciones de la DNI no incluyen acciones de esa naturaleza. Destacó que los agentes involucrados pertenecen a la Policía Nacional, y subrayó que el comportamiento exhibido no refleja el protocolo de actuación aprobado por los mandos superiores, considerando el hecho como un caso aislado.
Soto recordó que el presidente Luis Abinader repudió enérgicamente este tipo de comportamiento y ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Afirmó el compromiso del gobierno con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y expresó confianza en que las medidas tomadas evitarán casos similares en el futuro.
En su editorial del 31 de enero, titulado «Protocolo policial espantoso», el Listín Diario condenó la brutalidad policial sufrida por el doctor Gómez durante su protesta pacífica en solitario. Se denunció la violación de la ley y la Constitución por parte de la Policía, destacando que el uso de la fuerza y la detención tuvieron lugar mientras el médico ejercía su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El periódico concluyó señalando que el irrespeto a la protesta pacífica y las prácticas de tortura policial son inaceptables en un Estado Social y Democrático de Derecho.
