Ejecutivo establece reglamento para coordinar inversiones digitales del Estado y proteger sus datos
Santo Domingo, 12 oct.— El Poder Ejecutivo emitió el Decreto número 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de asegurar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración pública se desarrollen de manera coordinada, eficiente, interoperable, segura y sostenible, en consonancia con las políticas nacionales de transformación digital.
La disposición forma parte del proceso de modernización y reforma de la gestión pública y busca mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad entre sistemas y proteger los datos bajo responsabilidad del Estado. También procura asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.
El reglamento designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como autoridad de aplicación. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación general de los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas comprendidas en la normativa.
Con estas atribuciones, el MAP deberá garantizar que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada e interoperable, bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la medida representa un hito en la gobernanza tecnológica nacional y un paso fundamental para erradicar la fragmentación del gasto y las inversiones aisladas en las instituciones estatales.
“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos”, señaló.
En su artículo 6, el decreto declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como instrumento necesario para mejorar la calidad, continuidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
Esta declaratoria comprende la coordinación de inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que se consideren estratégicos por su naturaleza, alcance, criticidad, impacto presupuestario, potencial de reutilización o vinculación con servicios públicos esenciales.
Estas inversiones podrán requerir evaluación técnica previa, articulación interinstitucional o gestión conjunta entre dos o más instituciones públicas, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
La normativa precisa que la declaratoria no exime a las entidades estatales de cumplir las disposiciones sobre contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública y responsabilidad fiscal, así como las demás normas legales aplicables.
El reglamento busca consolidar una infraestructura digital que mejore la prestación de los servicios públicos, optimice los recursos del Estado, reduzca la fragmentación tecnológica, fortalezca la soberanía sobre los datos críticos y garantice la continuidad operativa de las soluciones utilizadas por la Administración pública.
Entre sus principales disposiciones figura la evaluación técnica previa obligatoria. Todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe emitido por el MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
En materia de sostenibilidad y compras conjuntas, el Ministerio de Administración Pública podrá coordinar, con apoyo en la Ley de Contrataciones Públicas, licitaciones agregadas entre varios ministerios y direcciones públicas. Este mecanismo permitirá realizar negociaciones a escala orientadas a generar ahorros significativos al erario.
El decreto crea, además, la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, que funcionará como una mesa de articulación técnica bajo la coordinación del MAP.
La comisión estará integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
En cuanto a soberanía digital y protección de datos, las soluciones tecnológicas deberán garantizar plenamente la portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica.
El reglamento también prohíbe cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos.
Para las contrataciones que incorporen algoritmos o automatizaciones avanzadas, la normativa establece criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales y promover un uso ético y transparente de la inteligencia artificial.
El Ministerio de Administración Pública afirmó que esta disposición reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la función pública y la construcción de un Gobierno Digital moderno, transparente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.