El decreto de Milei que contempla profundas reformas económicas irrita el ánimo social en Argentina
BUENOS AIRES 21 Dic — La jubilada Silvia Moncard arrastraba un carrito con algunas verduras y dulces que había adquirido en una feria a precios irrisorios, imposibles en la actual Argentina en la que la inflación está en más del 160% anual.
Moncard adquirió los alimentos a pequeños productores que el jueves los vendían a muy bajo valor en las cercanías del Congreso para visibilizar el actual deterioro económico y social que podría agudizarse a partir del plan de ajuste que piensa aplicar el presidente Javier Milei.
La mujer dijo a The Associated Press que el llamado “verdulazo”, la protesta que encabezaron los productores pertenecientes a distintas organizaciones sociales, la salva “de la situación dramática que está viviendo el país por este presidente”.
Las más de 70 carpas de la feria exhibían verduras, frutas, quesos, pan, pastelería, carbón y ropa a precios mucho más económicos que en un supermercado común.
“No tiene nombre cómo la gente puede equivocarse tanto al votar a alguien así”, se lamentó Moncard. “¿Es necesario que tengamos que hacer esto para comer?”.
El mandatario de perfil neoliberal anunció la víspera un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que remece los cimientos de la estructura del Estado y del sistema económico. El paquete de reformas —parte del cual venían demandando sectores económicos y empresariales —preanuncia una profundización de la protesta social y podría toparse con obstáculos en el Congreso y en la justicia para su efectiva implementación.
Según la jubilada, el DNU “responde a los intereses de empresarios y no es para la gente”.
Martín Velázquez, miembro de la peronista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) —una de los grupos organizadores de la feria—afirmó por su lado que con el verdulazo, los pequeños productores buscaban solidarizarse con los que están siendo expulsados a la pobreza “y mostrar que hay una alternativa a un mercado capital que nos excluye”.
La UTEP teme que el plan económico de Milei y la inflación galopante puedan afectar profundamente su subsistencia en un mercado desregulado.
En tanto, en las cercanías de la casa de gobierno y al grito de “No se vende”, cientos de empleados del estatal Banco Nación protestaron contra su eventual privatización a raíz de la derogación de un artículo de una ley que impedía la venta de la principal entidad estatal financiera del país.
El decreto de Milei también derogó la norma que impide la privatización de las empresas públicas.
El presidente defendió el decreto con el que busca desregular la economía que estuvo fuertemente intervenida por el Estado en las últimas dos décadas, en las que el peronismo estuvo mayoritariamente en el poder.
Apuntó que la normativa “busca incrementar el bienestar de las personas” y desmontar “la máquina de impedir”. Al respecto, indicó que su equipo ha detectado unas 380.000 regulaciones que “dificultan el funcionamiento de la economía”.
El economista ultraortodoxo, que asumió el poder hace 11 días luego de obtener un respaldo electoral de casi 56%, busca avanzar lo antes posible con sus reformas para revertir la crisis de la segunda mayor economía de Sudamérica. Debe hacerlo antes de que termine la luna de miel con la ciudadanía que lo votó, se profundicen las protestas y la resistencia a sus iniciativas avance en el Parlamento. En ambas cámaras su partido, La Libertad Avanza, está en clara desventaja.
Milei acotó que las reformas desacelerarán la inflación y mejorarán la economía. El alza de precios es de casi 161% anual.
Luego de que el mandatario anunció el decreto el miércoles por la noche, decenas de personas hicieron sonar sus cacerolas en varios barrios de Buenos Aires a modo de rechazo.
Horas antes del anuncio presidencial, miles habían marchado convocados por organizaciones políticas y sociales izquierdistas en contra de las medidas de austeridad que anunció el gobierno la semana pasada para recortar el déficit fiscal y combatir la inflación.
Milei sostuvo que los ciudadanos que realizaron cacerolazos están “abrazados y enamorados del modelo que los empobrece”.
Pese a ser dictado por el Poder Ejecutivo, el decreto debe ser enviado al Congreso por el gobierno en el plazo de 10 días hábiles para que sea tratado por una comisión que debe emitir un dictamen a favor o en contra y que aún no está conformada. Cualquiera sea la resolución de la comisión, el decreto debe ser debatido por el pleno de ambas cámaras.
El paquete de medidas puede ser avalado con el respaldo de una sola cámara legislativa y si el Parlamento no se pronuncia también queda vigente.
Se desconoce el tiempo en que este proceso —que requiere que el presidente llame a sesiones extraordinarias en el Congreso— se llevaría a cabo. Mientras tanto, el decreto estaría en vigor.
El DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no lo rechacen con la mayoría absoluta de sus miembros.
Partidos opositores y sindicatos han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados con los planes ortodoxos del mandatario.
El bloque de la peronista Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, donde es la primera minoría, afirmó “frente al silencio cómplice de algunos” va a “defender la democracia, la división de poderes y la república”. Los legisladores anunciaron que exigirán que el Congreso entre en funcionamiento y se reúna la comisión que de tratamiento al DNU.
El paquete de medidas también podría enfrentar un fuerte rechazo en el ámbito judicial.
Miembros de la Confederación General del Trabajo dijeron que la principal central sindical analiza presentar ante la justicia un reclamo contra la inconstitucionalidad del DNU y la convocatoria a un paro en rechazo a la reforma laboral que contempla.
Distintos sectores cuestionaron que el decreto restrinja el ejercicio del derecho a la huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en servicios esenciales, que incluyen a la salud y la educación.
AP
