El dilema del sector eléctrico
Francisco Antonio Méndez
En días recientes el presidente Luís Abinader culpaba a “las averías y a la sobredemanda” de los apagones que se han ido expandiendo por toda la geografía nacional. El Ministro de Energía, el dilecto amigo Ing. Antonio Almonte, precisaba que la culpa era “responsabilidad de las empresas distribuidoras”, explicando, aunque de manera entendiblemente condescendiente, las razones de los mismos.
Y aunque parezca una salida exculpatoria, ambos tienen razón. En efecto, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho las licitaciones de energía de corto y mediano plazo (SIBA Energy en Boca Chica y La Barcaza Karpowership, en Azua, 400MW) que estaban rezagadas –a pesar de haber estado contempladas en los estudios técnicos de proyección de la demanda- así como incentivado la continuación en proyectos de energía renovables (+500MW) en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Por tal motivo, la capacidad instalada de generación, al 11/9/2023, ascendía a unos 5,712 MW, lo cual supera holgadamente la demanda programada de alrededor de unos 3,350 MW.
¿Entonces, que ha sucedido? ¿A que se deben las frecuentes y prolongadas interrupciones de servicio eléctrico -los tediosos e insoportables apagones- si teníamos Circuitos 24 Horas que habían dejado hasta de utilizar sus suministros alternativos –plantas de emergencia e inversores? ¿Cuál sería la razón de que la calidad de servicio se haya deteriorado de manera tan significativa?
Varias razones, desde mi particular punto de vista, han incidido. La primera, el error de diseño de querer satisfacer el 98% de la demanda con unos niveles de pérdidas de las EDEs de +40%, algo de lo que, sin embargo, se enorgullecen las actuales autoridades. O sea, darle energía gratis prácticamente a todo el mundo todo el tiempo. Una especie de reedición del subsidio generalizado encarnado en el errático e ineficiente Programa de Reducción de Apagones (PRA) instaurado en la gestión del presidente Mejía, que ha venido siendo desmontado acertadamente por el subsidio focalizado del Bono Luz. Buena intención, pero a todas luces financieramente insostenible.
La segunda, la falta de gestión en las tres empresas distribuidoras. Lo que ha quedado evidenciado en los elevados niveles de pérdidas energía (34.6%) y los bajos niveles de cobranza (95.3%), en el incremento en los gastos operativos de estas empresas que se mantienen por encima del 20% de sus ingresos por venta de energía y, en consecuencia, provocan un aumento del subsidio gubernamental requerido para mantenerlas a flote. O sea, que los recursos presupuestales transferidos han ido al financiamiento del gasto corriente de las EDEs en detrimento de las inversiones de capital. Inversiones que, de acuerdo al Administrador de EDESUR, han sido prácticamente “la mitad de otras gestiones” (Diario Libre, 29/mayo/2023).
Peor aún, señalaba orondo el Administrador de EDENORTE haber invertido RD$1,543 millones en “lámparas, instalación de postes, transformadores y extensiones de redes a nuevos barrios” durante el 2022, lo cual evidencia una falta de visión estratégica y poco entendimiento de la función que se tiene entre manos, ya que el resultado de estas decisiones populistas provoca automáticamente un incremento de las pérdidas, lo contrarios a lo que debió ser su objetivo prioritario.
En otras palabras, la inversión de capital debió haber sido, en primer lugar, para apoyar los programas de reducción de pérdidas –medidores, acometidas, redes blindadas, etc.; en segundo lugar, para elevar la calidad de servicio y eficientizar el suministro de los clientes –no de los usuarios ilegales- en los Circuitos 24 Horas, a los fines de incrementar los ingresos de las EDEs; y, en tercer lugar, para fortalecer los sistemas de gestión comercial y seguimiento, tanto en hardware –telemedición, y nuevas tecnologías-, así como entrenamiento e involucramiento del personal para disminuir los escapes y fraudes que afectan las empresas.
El autor es Asesor Estratégico Exsuperintendente Electricidad
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