El PRM y el fracaso del pacto eléctrico
Leonel Fernández
A pesar de estar previsto en la Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), mientras estuvo en la oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) siempre se opuso a la realización de un pacto para la reforma del sector eléctrico.
Al llegar al gobierno en el 2020, cambió de actitud; y en febrero de 2021, en medio de la euforia y el optimismo, se suscribió el referido pacto.
Entonces se anunció el inicio de una época de servicio eléctrico eficiente y de acceso universal.
Con una activa participación del Consejo Económico y Social (CES), en el documento final se suscribieron 212 acuerdos y 14 puntos quedaron en disenso para un debate posterior. Entre los objetivos del acuerdo se encontraban, entre otros: lograr un suministro eléctrico confiable; asegurar precios competitivos; eliminar sobrecostos y distorsiones; garantizar la sostenibilidad financiera; y elevar la calidad y competitividad del servicio.
Se acordaron metas para disminuir drásticamente las pérdidas técnicas y comerciales de las EDES, de 30% a 15%, y sus gastos operativos al 10% de los ingresos.
Cuatro años después, hay que hacerse la pregunta: ¿qué ha sido del pacto eléctrico? ¿Ha cumplido con sus objetivos o se ha convertido en otra desilusión generada por el gobierno del PRM?
La verdad no resulta clara. En principio, el gobierno transmitía la impresión de estar actuando con pragmatismo y rapidez para enfrentar el problema estructural e histórico de los apagones que, durante décadas, ha tenido que sufrir la población dominicana.
Desde el oficialismo se anunciaba que el gobierno que deseara un cambio profundo debía afrontar el problema eléctrico con responsabilidad.
Sin embargo, el gobierno del PRM, al iniciar la aplicación de los acuerdos del pacto, lo hizo de manera selectiva.
No se concentró en disminuir las pérdidas técnicas, reducir la nómina de empleados ni en bajar los gastos de las distribuidoras.
Aumento de apagones y alza de tarifas
Para el 2021, primer año completo de la gestión del PRM, el déficit eléctrico era de 58 mil millones de pesos, lo que se consideraba insostenible.
Para enfrentarlo, el gobierno se planteó reducir los subsidios al tiempo de incrementar las tarifas eléctricas.
Así lo hizo. Desde octubre de 2021, los usuarios comenzaron a recibir aumentos en su consumo de electricidad.
Seis meses después, en julio de 2022, las tarifas habían subido entre un 38 y un 50% para los comercios; y entre un 34 y un 38% para los hogares con un consumo de alrededor de 200 a 700 kWh.
Paradójicamente, al mismo tiempo, los indicadores de las empresas distribuidoras empeoraron.
Las pérdidas totales de energía subieron de 28% en diciembre de 2021, a un 42% cuatro meses después.
En EDEESTE la situación fue aún peor, con pérdidas alarmantes de 59%.
La situación parecía incomprensible
Mientras más subían las tarifas, en lugar de bajar las pérdidas y disminuir el subsidio, sucedía todo lo contrario. Las tensiones sociales se hicieron sentir.
En apenas nueve meses, el incremento acumulado de la tarifa eléctrica llegó hasta un 50%.
Eso coincidió con una espiral inflacionaria que afectó a hogares y comercios, como consecuencia del aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central en aplicación de una política monetaria restrictiva.
Se produjeron numerosas protestas en todo el territorio nacional y se interpusieron múltiples recursos de amparo solicitando la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad que autorizaban las alzas de tarifas.
La indignación popular se agravó al conocerse que, en medio de ese contexto, las EDES aumentaban los salarios de sus empleados.
Fue entonces cuando el pueblo montó en cólera y, ante esa situación, el presidente de la República se vio compelido a suspender el aumento trimestral del servicio eléctrico y a proponer la revisión del pacto para adecuarlo a la nueva realidad económica del país. En síntesis, un rotundo fracaso. A pesar de los acuerdos suscritos en el pacto eléctrico, las empresas de distribución persistían en su ineficiencia.
Las pérdidas resultaban ser mayores; aumentaba el número de empleados y se incrementaban las irregularidades en la facturación.
El fracaso del pacto
A pocos meses de instalado, el gobierno del PRM procedió a disolver la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mediante el decreto de liquidación núm. 322-20, y a unificar los consejos de administración de las tres distribuidoras en el Consejo Unificado de Administración de las EDES.
Por los resultados obtenidos hasta la fecha con la ejecución del pacto de reforma del sistema eléctrico, no resulta claro cuál ha sido la utilidad de ese cambio en la organización institucional.
El actual gobierno del PRM ha levantado como supuestos logros que en la actualidad ha habido una expansión de la cobertura eléctrica de la población en un 99.3% y una disponibilidad de energía de 98.2% de la demanda, lo que indicaría que debería haber una reducción en los apagones.
Sin embargo, como está a la vista de todos, no es así. En lugar de disminuir, las interrupciones del servicio eléctrico se han incrementado; los subsidios, en lugar de bajar, han subido a niveles sin precedentes; y lo mismo con el déficit fiscal generado por la ineficiencia del sector eléctrico.
Si para el año 2020, al recién electo gobierno del PRM le resultaba insostenible un subsidio de 58 mil millones de pesos, ocurre que bajo su mandato, en 2024, ese subsidio alcanzó 84 mil millones; y para este año 2025, se proyecta que será de 91 mil millones de pesos.
Al cabo de cinco años de gobierno del PRM, las pérdidas de distribución y los gastos operativos de las EDES, en lugar de bajar, aumentaron.
El incremento de las tarifas resultó un abuso; y ya ni siquiera se hace referencia a un pacto que murió en manos de un equipo de gobierno insensible e incompetente.
Listín Diario
