El problema
Pablo McKinney
Orgullosas, satisfechas y orondas, nuestras autoridades admiten que, desde el pasado mes de noviembre a la fecha, han deportado a 792 ciudadanas haitianas embarazadas, y han devuelto hacía Haití a 433 familias con hijos menores de edad.
Enterada de la información, la ONU han expresado su preocupación, especialmente, por las deportaciones de mujeres embarazadas que buscaban o ya recibían atención en centros de salud y hospitales del país.
La señora ONU muestra preocupación, pero no se ocupa de ayudarnos a enfrentar este histórico drama migratorio que se agrava con el paso de los días, debido –entre otras razones– a la debilidad institucional, que impide a nuestros gobiernos cumplir y hacer cumplir sus propias leyes, dependiendo siempre de quién sea el afectado por el cumplimiento.
El mejor ejemplo de que esto es así, lo encontramos en la decisión del gobierno de negarse en los hechos –que no en las declaraciones– a frenar a las mafias cívico-militares y empresariales y a los empleadores de ilegales, haciendo lo que sí hace todos los días contra el resto de los mortales, miembros del honorable Club de los Pendejos.
La defensa del país ante las “preocupaciones” de la ONU la ha asumido en la OEA nuestro representante Josué Fiallo, quien niega que las deportaciones sean masivas, asegura que estas solo ocurren cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé, y recuerda a la comunidad internacional que ella es corresponsable de la incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía. Pero resulta que la comunidad internacional ha dado muestras más que fehacientes de no estar dispuesta a asumir su corresponsabilidad, su compromiso. Y menos ahora, mientras se redefine al tablero geopolítico mundial.
Aunque ellos son un factor para tomar en cuenta, el problema nacional no son las embarazadas ni los obreros indocumentados que no paran de llegar, sino las mafias cívico-militares y empresariales que no paran de traerlos.
Nuestros gobiernos han sido incapaces de imponer orden en las calles, en la frontera, en las fincas y en las construcciones… y la patria en bandolera; mientras con deportaciones de embarazadas y familias con hijos menores, hace un guiño electorero a las hordas ultranacionalistas que sueñan con una nueva versión de “El Corte” trujillista de 1937, como si el país fuera Numancia, y nos gobernara una satrapía genocida que muchas de esas hordas recuerdan con nostalgia.
