El problema

Pablo McKinney

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Orgullosas, satisfechas y oron­das, nuestras autoridades admiten que, desde el pa­sado mes de noviembre a la fecha, han deportado a 792 ciudadanas haitianas embarazadas, y han devuelto hacía Haití a 433 familias con hi­jos menores de edad.

Enterada de la información, la ONU han expresado su preocupación, especialmen­te, por las deportaciones de mujeres emba­razadas que buscaban o ya recibían aten­ción en centros de salud y hospitales del país.

La señora ONU muestra preocupación, pero no se ocupa de ayudarnos a enfren­tar este histórico drama migratorio que se agrava con el paso de los días, debido –entre otras razones– a la debilidad insti­tucional, que impide a nuestros gobiernos cumplir y hacer cumplir sus propias leyes, dependiendo siempre de quién sea el afec­tado por el cumplimiento.

El mejor ejemplo de que esto es así, lo encontramos en la decisión del gobierno de negarse en los hechos –que no en las decla­raciones– a frenar a las mafias cívico-milita­res y empresariales y a los empleadores de ilegales, haciendo lo que sí hace todos los días contra el resto de los mortales, miem­bros del honorable Club de los Pendejos.

La defensa del país ante las “preocupa­ciones” de la ONU la ha asumido en la OEA nuestro representante Josué Fiallo, quien niega que las deportaciones sean masivas, asegura que estas solo ocurren cuando es médicamente seguro para la madre y el be­bé, y recuerda a la comunidad internacio­nal que ella es corresponsable de la inca­pacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía. Pero resul­ta que la comunidad internacional ha dado muestras más que fehacientes de no estar dispuesta a asumir su corresponsabilidad, su compromiso. Y menos ahora, mientras se redefine al tablero geopolítico mundial.

Aunque ellos son un factor para tomar en cuenta, el problema nacional no son las embarazadas ni los obreros indocumenta­dos que no paran de llegar, sino las mafias cívico-militares y empresariales que no pa­ran de traerlos.

Nuestros gobiernos han sido incapaces de imponer orden en las calles, en la fronte­ra, en las fincas y en las construcciones… y la patria en bandolera; mientras con depor­taciones de embarazadas y familias con hi­jos menores, hace un guiño electorero a las hordas ultranacionalistas que sueñan con una nueva versión de “El Corte” trujillista de 1937, como si el país fuera Numancia, y nos gobernara una satrapía genocida que muchas de esas hordas recuerdan con nos­talgia.

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