Empresa lleva al TSA el proceso de licitación de Intrant
Santo Domingo, 29 noviembre – El proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tomo otro giro al llegar a manos del Tribunal Superior Administrativo (TSA), un paso significativo en medio de un escrutinio y controversia.
Transcore Latam, S.R.L., la empresa adjudicada en el cuestionado proceso de Licitación Pública Nacional, llevó una solicitud al tribunal en busca de una «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta decisión de la DGCP anuló el procedimiento y el contrato, con una inversión de 1,317 millones de pesos, destinado a la instalación de la red semafórica en el Gran Santo Domingo.
La audiencia pública presencial, está fijada para el 5 de diciembre a las dos de la tarde en el salón 01 de la sala de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo.
El conflicto se origina a raíz de la Resolución RIC-156-2023 emitida por la DGCP, la cual suspendió de oficio el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y Transcore Latam, S.R.L. Este contrato surgió en el marco de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, generando controversia y descontento entre las partes involucradas.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) había incluido en su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) la licitación pública nacional para la «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Sin embargo, el monto estimado inicialmente para la contratación de esta licitación nacional fue de RD$413,536,800.20, según consta en el documento disponible en su página web.
La empresa Transcore Latam, S.R.L. obtuvo su Registro de Proveedor del Estado (RPE) en la DGCP el 17 de marzo de 2023. La convocatoria a la licitación por parte del Intrant se realizó el 11 de abril de 2023, bajo la aplicación de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, así como su Reglamento de Aplicación Núm. 543-12.
Las complicaciones surgieron cuando la DGCP recibió un recurso jerárquico presentado por ESC Group, S.R.L., junto con tres denuncias interpuestas por otras razones sociales. Estas acciones desencadenaron la investigación que llevó a la suspensión provisional del contrato en cuestión, limitando así la ejecución del mismo.
