En crisis permanente, Castillo se acerca a su primer año de gobierno en Perú
Lima, 24 jul (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta una decisiva semana en el gobierno cuando ofrezca el balance de su primer año en el Ejecutivo, pero asediado por cinco investigaciones de la Fiscalía por corrupción que alientan a sus opositores a plantear su destitución.
Desde el primer día en el Ejecutivo, el izquierdista Pedro Castillo, exlíder del sindicato de maestros, tuvo a la mayoría de la clase política en el Congreso en contra, encabezados por Fuerza Popular, el partido conservador de su exrival electoral Keiko Fujimori.
Sin embargo, a la resistencia inicial de prácticamente la mitad del electorado peruano, se fueron sumando graves imputaciones de presunta corrupción que la Fiscalía de la Nación ha ido abriendo en cinco casos documentados por la prensa.
«La crisis que estamos viviendo ahora es una larga continuación de una crisis desde que él asumió el gobierno», declaró a Efe el analista político Sandro Venturo.
CINCO DESTAPES CONTRA CASTILLO
A los pocos meses de haber inaugurado su gobierno (2021-2026), Castillo afrontaba ya las acusaciones de estar comprometido en irregularidades para la adjudicación del puente Tarata, en la compra de biodiesel y en presiones para el ascenso de los militares.
La prensa denunció los encuentros que supuestamente mantenía con empresarios y representantes de las compañías beneficiadas, e incluso publicó conversaciones entre éstos y su círculo más cercano.
A raíz de esas denuncias, el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez están prófugos de la justicia.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió reabrir las investigaciones que su antecesora había suspendido en enero, y le sumó el caso del presunto plagio de su tesis de maestría y la supuesta obstrucción en la búsqueda de sus excolaboradores fugados.
Venturo llamó la atención sobre el hecho de que «todo su entorno inmediato y de confianza, o está prófugo de la justicia o está enfrentando investigaciones fiscales», incluida su esposa y su sobrina Yenifer Paredes, a quien crió como su propia hija.
«Creo que estamos viviendo una situación de desmoralización nacional que no vivíamos hace muchísimo tiempo», acotó el sociólogo.
En opinión de Venturo, existe una «informalidad delictiva» que fue tomando los gobiernos locales y regionales en todo el país, en los últimos años, asociada a delitos graves como el narcotráfico, y que ahora se manifiesta en el Congreso y el Ejecutivo.
«La informalidad delictiva fue tomando los territorios en el Perú y hoy ha tomado el gobierno nacional. Y no solamente en el gobierno, sino también en el Congreso y en buena parte del sistema de justicia», afirmó Venturo.
NUEVA AMENAZA DE VACANCIA
Ante los cargos contra el mandatario, varios sectores derechistas y conservadores en el Legislativo han anunciado una nueva moción de vacancia (destitución) contra Castillo, que tendría que ser evaluada en la legislatura que empezará esta semana.
La también analista política Gelin Espinoza declaró a Efe que las denuncias de corrupción contra Castillo han sido «capitalizadas» por el Congreso «que lo quiere fuera» desde el inicio de su gestión.
«Él mismo ha generado el insumo y está generando dudas en la población porque no se muestra transparente, ese ocultar a uno le genera sospechas», añadió.
La última semana, Castillo cambió por séptima vez al ministro del Interior después de que el anterior creó un equipo especial de la Policía para apoyar a la fiscalía en los casos abiertos contra el mandatario y otros altos funcionarios.
Sin embargo, Espinoza dijo que si el mandatario es finalmente destituido, en un «escenario apocalíptico», la vicepresidenta Dina Boluarte tendría que «convencer a la oposición» con las medidas que adopte porque «si quiere mantener la línea de Castillo, van a ir por ella» también.
Una eventual destitución presidencial tampoco traería estabilidad para el Legislativo porque es uno de los poderes del Estado más desprestigiados y se podría repetir el escenario del 2020 en que el entonces titular del Parlamento fue destituido igualmente, tras una semana de protestas, aunque ahora no se vislumbra ningún liderazgo que congregue.
Mónica Martínez
