Encuestas: cuando la ley también entra en campaña

Hay debates que envejecen con dignidad. Uno de ellos es si las encuestas electorales influyen o no en la decisión final de los votantes. La discusión no es nueva ni exclusiva de República Dominicana. Politólogos, sociólogos, estadísticos y estrategas de campaña llevan décadas enfrentando argumentos sin que exista una respuesta definitiva.

Unos sostienen que las encuestas producen el llamado efecto arrastre, ese impulso que lleva a algunos ciudadanos a apoyar al candidato que aparenta ir ganando. Otros defienden el efecto underdog, según el cual parte del electorado termina solidarizándose con quien aparece rezagado. Al final, la ciencia ha llegado a una conclusión prudente: las encuestas pueden influir en determinados segmentos del electorado, pero no determinan por sí solas el resultado de una elección. Son, en esencia, una fotografía de un momento específico, no una profecía escrita en piedra.

Y esa fotografía, como cualquier otra, puede quedarse vieja en cuestión de días.

Un escándalo político, un debate exitoso, un error monumental, una crisis económica o simplemente un candidato que logra conectar mejor con las preocupaciones ciudadanas pueden alterar completamente el panorama. La política, afortunadamente o desgraciadamente, no es una ciencia exacta.

Por esa razón, numerosos países han optado por regular la publicación de encuestas electorales. México, por ejemplo, prohíbe difundir sondeos durante los tres días previos a la jornada electoral. Brasil exige el registro previo de las encuestas ante la autoridad electoral y establece estrictos requisitos metodológicos. Colombia impide su divulgación durante la semana anterior a las elecciones. Argentina, Chile, Perú y Uruguay también contemplan períodos de restricción antes de los comicios. Cada país fija plazos distintos, pero el principio es similar: reducir la posibilidad de que estudios de última hora puedan alterar el comportamiento electoral.

No se trata de censura. Se trata de reglas del juego.

En República Dominicana existen varias firmas encuestadoras. Algunas han demostrado mayor consistencia que otras, pero ese no es el propósito de esta columna. Al final, la verdadera auditoría de cualquier encuesta llega el día de las elecciones, cuando las urnas hablan y los porcentajes dejan de ser hipótesis para convertirse en realidad.

Porque tampoco conviene olvidar una verdad elemental.

Una encuesta científicamente elaborada puede equivocarse.

Todo depende de la calidad del diseño metodológico, del tamaño y distribución de la muestra, de la representación territorial, del margen de error, de la formulación de las preguntas y, sobre todo, de que el comportamiento del electorado permanezca relativamente estable hasta el día de la votación. Y eso último casi nunca ocurre.

Hasta ahí, todo parece razonable.

Lo que deja de parecer razonable es el extraño espectáculo institucional que hemos presenciado recientemente.

La Junta Central Electoral, después de consultar con los partidos políticos, aprobó un reglamento que limita la publicación de encuestas durante determinadas etapas del proceso electoral. Curiosamente, algunos de los mismos partidos que participaron en su elaboración terminaron cuestionándolo apenas comenzó a aplicarse. Nada nuevo bajo el sol tropical: aquí solemos respaldar las reglas... hasta que dejan de favorecer nuestros intereses.

Pero el episodio más llamativo vino después.

Varias firmas continuaron publicando encuestas ignorando abiertamente el reglamento. Y lo hicieron sin que ese desacato produjera consecuencia alguna.

Entonces ocurrió algo todavía más desconcertante.

Durante varios días, prácticamente todos los medios informaron que el reglamento había quedado sin efecto. Muchos nos preguntábamos qué había sucedido. ¿Había cambiado la Junta de criterio? ¿Se había producido una suspensión definitiva?

Días después apareció el presidente de la JCE, Román Jáquez, aclarando que no. El reglamento seguía plenamente vigente. Lo que había ocurrido era que el Pleno simplemente decidió sobreseer el conocimiento de unos recursos presentados contra la normativa, debido a que el Tribunal Superior Electoral conocía acciones similares.

La aclaración llegó... después.

Después de la confusión.

Después de que una firma que nunca había acatado el reglamento publicara otra encuesta.

Y, nuevamente, después de que tampoco ocurriera absolutamente nada.

Ahí es donde el debate deja de ser sobre encuestas y pasa a ser sobre institucionalidad.

Porque una norma puede gustarnos o no. Podemos considerarla acertada o equivocada. Podemos incluso acudir a los tribunales para impugnarla. Eso forma parte del Estado de derecho.

Lo que resulta mucho más difícil de explicar es que una disposición emanada de un órgano constitucional permanezca oficialmente vigente mientras algunos simplemente deciden ignorarla sin consecuencia alguna.

Cuando eso ocurre, el mensaje que recibe la sociedad es peligroso: las leyes parecen obligatorias únicamente para quienes deciden obedecerlas voluntariamente.

Y esa sí es una encuesta cuyos resultados no admiten margen de error.

Como diría el viejo Sancho, cosas veredes. En estos tiempos, hasta las normas parecen entrar en campaña.