Entra en vigor el nuevo Código Penal y República Dominicana deja atrás una legislación de más de 141 años
Santo Domingo, 3 agosto. - La República Dominicana inicia esta semana una nueva etapa en su sistema de justicia penal con la entrada en vigor del Código Penal establecido por la Ley 74-25, una normativa que sustituye el antiguo marco legal que permaneció vigente durante más de 141 años e incorpora decenas de delitos, sanciones y figuras jurídicas que no existían en la legislación anterior.
La puesta en funcionamiento del nuevo código marca el cierre de un proceso legislativo que se prolongó durante más de dos décadas y que estuvo acompañado de amplios debates entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales y distintos sectores de la vida nacional.
Conforme al artículo 393 de la Ley 74-25, desde este lunes los tribunales del país podrán aplicar las nuevas disposiciones penales en los procesos que correspondan, dando paso a un régimen jurídico renovado para el juzgamiento de los delitos.
No obstante, la entrada en vigencia de la nueva legislación no implica que los procesos judiciales en curso pasen automáticamente a regirse por sus disposiciones.
La Constitución de la República establece, en su artículo 110, el principio de irretroactividad de la ley, al disponer que las normas solo producen efectos hacia el futuro, salvo cuando resulten más favorables para una persona sometida a un proceso judicial o que ya esté cumpliendo una condena.
Aunque la Ley 74-25 fue promulgada en 2025, su contenido fue objeto de una revisión antes de comenzar a aplicarse. El Poder Ejecutivo remitió observaciones al Congreso Nacional, las cuales fueron analizadas junto a propuestas formuladas por instituciones jurídicas, organizaciones sociales y otros actores interesados en la reforma penal.
Como resultado de ese proceso, la Cámara de Diputados introdujo numerosas modificaciones al proyecto, mientras que el Senado acogió el texto revisado y completó el trámite legislativo que permitió su aprobación definitiva.
Entre los cambios incorporados figuran ajustes relacionados con la protección de la libertad de expresión, el ejercicio de la medicina, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos cometidos contra menores de edad y las disposiciones vinculadas a la corrupción administrativa.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación es la incorporación de la figura de la estafa agravada, castigada con penas de entre cinco y diez años de prisión.
La norma establece expresamente que este delito incluye los casos de quienes comercialicen o prometan vender inmuebles u otros bienes "en plano", recibiendo total o parcialmente el pago acordado sin cumplir con la entrega comprometida.
Asimismo, el artículo 192 redefine el delito relacionado con la difusión de audios, fotografías o imágenes sin autorización, estableciendo que solo será sancionado con una pena de hasta un año de prisión cuando la divulgación ocurra en un ámbito privado o exista una expectativa razonable de confidencialidad.
La reforma también modifica las sanciones para otros delitos. En el caso del perjurio, previsto en el artículo 207, la pena fue reducida de un rango de cinco a diez años de prisión a una condena de entre dos y cinco años.
De igual manera, el artículo 208 disminuye la sanción por difamación, que pasa de dos a cinco años de prisión a un período de uno a dos años.
En materia de libertad de expresión, el artículo 211 incorpora una disposición que establece que no constituirán difamación ni injuria las expresiones, opiniones o críticas relacionadas con actos de corrupción, políticas públicas, el ejercicio de funciones públicas, la prestación de servicios públicos o actuaciones que afecten el interés general, siempre que dichas afirmaciones estén respaldadas por pruebas o por una verificación razonable de los hechos.
Comisión dará seguimiento a futuras reformas
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el presidente Luis Abinader dispuso la creación de una comisión consultiva encargada de estudiar posibles modificaciones y recomendaciones para continuar perfeccionando la legislación penal.
El organismo estará presidido por el jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, e integrado por los especialistas Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra. También forman parte de la comisión los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro.
Con la aplicación de la Ley 74-25, el país pone fin a un prolongado proceso de reforma legislativa y comienza la implementación de un nuevo régimen penal que redefine la tipificación de múltiples delitos, actualiza las sanciones y adapta la legislación a las nuevas realidades jurídicas y sociales de la República Dominicana.