Entre la promesa y la quiebra del sector arrocero dominicano
Por Magdalena Lizardo Espinal
El 9 de septiembre podría convertirse en una fecha de triste recuerdo para muchas familias que dependen de la producción de arroz, y para toda la población si llega a materializarse la amenaza de un deterioro de la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Ese día, el Decreto 635-26 derogó las medidas arancelarias que protegían la producción nacional frente a las importaciones estadounidenses, en cumplimiento del DR-CAFTA. La decisión fue dada a conocer el 5 de octubre, acompañada de la promesa del gobierno de apoyar a los productores nacionales. En el país hay más de 30 mil productores de arroz, de los cuales entre el 50 % y el 60 % son pequeños productores de la reforma agraria. Cerca de 300 mil personas están vinculadas, directa o indirectamente, a la actividad.
La apertura comercial estaba prevista desde hacía casi dos décadas. El DR-CAFTA establecía que el arroz estadounidense ingresaría libre de aranceles desde enero de 2025. Durante ese período, la productividad mejoró respecto a los primeros años del acuerdo, pero los avances fueron insuficientes para completar la adaptación. No aprovechamos plenamente el tiempo disponible.
Las dificultades para competir con el arroz estadounidense responden a diferencias de productividad y a los subsidios que reciben sus productores. Enfrentarlas exige soluciones innovadoras, recursos y capacidad de ejecución. El proyecto de presupuesto público para 2027, remitido al Congreso apenas dos semanas después del Decreto 635-26, ofrece una oportunidad para respaldar las promesas gubernamentales.
Sin embargo, las cifras presupuestarias no parecen corresponder a la magnitud del desafío. El proyecto de presupuesto contempla RD$21,037 millones para agropecuaria, caza, pesca y silvicultura y RD$9,458 millones para riego. En conjunto, RD$30,495 millones, menos que los RD$31,394 millones presupuestados para 2026.
Difícilmente puede interpretarse esta asignación como una respuesta a las nuevas necesidades del sector arrocero. A ello se suma el riesgo de que un fenómeno de El Niño particularmente intenso afecte la producción agrícola durante los primeros meses de 2027.
La ejecución presupuestaria tampoco resulta alentadora. Hasta agosto de 2026, solo se había ejecutado el 55 % de los RD$23,998 millones presupuestados para agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, y apenas el 53 % de los RD$7,396 millones destinados a riego.
Estas cifras reflejan la escasa prioridad que, históricamente, ha tenido el sector agropecuario en la asignación de recursos presupuestarios. A precios constantes, el gasto público anual en agropecuaria, caza, pesca y silvicultura aumentó apenas RD$5,973 millones entre 2015 y 2025, mientras que el destinado a riego creció solo RD$266 millones. En contraste, el gasto en energía y combustibles aumentó RD$44,000 millones; en transporte, RD$35,400 millones; en asuntos económicos y regulación del comercio, RD$14,400 millones; y en asistencia social, RD$25,300 millones.
La experiencia del 4 % del PIB en educación recuerda que mayores asignaciones no garantizan mejores resultados. Pero tampoco resulta creíble prometer apoyo a los arroceros sin recursos para hacerlo efectivo.
Quizás en 2028 se aumenten las asignaciones, pero para entonces muchos productores podrían haber quebrado o abandonado sus cultivos. Preservar la capacidad productiva nacional exige acelerar la incorporación de tecnologías eficientes de siembra y riego, mejores prácticas de cultivo y nuevas formas de gestión que eleven los rendimientos y reduzcan los costos unitarios. Esto requiere fortalecer los programas de innovación tecnológica, extensión agrícola, capacitación y financiamiento para acompañar la transformación productiva. También habrá que facilitar la transición hacia otras actividades a quienes, por razones de escala, no puedan competir.
El país dispuso de casi dos décadas para prepararse y no completó la tarea. Ahora el margen es mucho más estrecho. Evitar una sucesión de quiebras requiere decisiones inmediatas, comenzando por un presupuesto para 2027 que haga creíble el compromiso del gobierno. No se trata de aumentar el déficit fiscal, sino de priorizar la agricultura y la seguridad alimentaria en la asignación de recursos presupuestarios.