Entre Magín, Andy y el bolsillo del pueblo
La reforma fiscal debe demostrar cuánto aporta a la estabilidad y cómo protege el ingreso de las familias.
POR RAFAEL J LUGO
La reforma fiscal se entiende mejor al mirar lo que queda del salario después de pagar alimentos, transporte, vivienda y medicamentos. Para una familia dominicana, la pregunta decisiva es cuánto tendrá que aportar y qué recibirá a cambio. Para el Estado, el desafío consiste en sostener sus cuentas sin debilitar la economía de quienes las financian.
Las medidas presentadas por Magín Díaz en junio de 2026 y el argumento desarrollado por Andy Dauhajre sobre los combustibles colocan esa tensión en el centro del debate. Hay razones para corregir desequilibrios fiscales. Pero una reforma necesita demostrar quién paga, qué gastos se reducen y cómo se protege a los hogares con menor capacidad para absorber el ajuste.
La presentación de Hacienda plantea recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones y reorientar entre RD$30,000 y RD$40,000 millones de gasto. Son metas de aquella propuesta, no resultados comprobados. Además, reorientar dinero no equivale necesariamente a ahorrarlo: trasladarlo de una partida a otra puede dejar intacto el gasto total. Para conocer el efecto sobre el déficit hay que descontar también el costo de los alivios tributarios y de las nuevas ayudas.
Varias iniciativas merecen consideración favorable. Eliminar los anticipos a las microempresas puede liberar efectivo para comprar mercancías, pagar empleados y mantener los negocios abiertos. El impuesto sobre las ganancias seguiría existiendo; cambiaría el momento de su pago. Ese alivio de caja puede ser importante para una empresa pequeña.
Actualizar el mínimo exento del impuesto sobre la renta personal también responde a un problema real. Cuando los precios aumentan y las escalas permanecen congeladas, un trabajador puede terminar pagando más sin haber mejorado su poder de compra. La propuesta de elevar ese mínimo de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales debe entenderse correctamente: los RD$5,215 de diferencia serían ingreso adicional excluido de la base gravada, no dinero que el Estado entregaría al asalariado.
Otras medidas requieren mayor discusión. Subir de 0.15 % a 0.20 % el impuesto sobre cheques y transferencias parece un cambio pequeño, pero representa un aumento relativo de un tercio. En una operación gravada de RD$100,000, el pago pasaría de RD$150 a RD$200. Conviene evaluar ese encarecimiento frente al objetivo de facilitar la actividad formal y el uso de servicios financieros.
La contribución empresarial propuesta para grandes compañías exige igualmente mirar más allá de la recaudación. Las ventas no son lo mismo que las ganancias. Según las condiciones de cada mercado, una mayor carga puede recaer sobre los accionistas o trasladarse parcialmente a precios, salarios y proveedores. Su distribución debe estudiarse, no darse por resuelta porque alcance a pocos contribuyentes.
Los combustibles muestran con claridad el dilema. Cuando sube el petróleo, una economía importadora necesita destinar más recursos al exterior. Congelar los precios internos puede amortiguar el golpe inmediato, pero el subsidio termina financiándose con impuestos, deuda o recursos que dejan de utilizarse en otros servicios.
Eso no convierte todo subsidio en un error. Una ayuda temporal puede evitar daños severos. Aunque quien consume más combustible recibe un beneficio directo mayor, una persona sin vehículo también puede sufrir el encarecimiento del transporte y de los alimentos. Retirar apoyos generales requiere tener listas las compensaciones para quienes las necesitan.
En su artículo Conversando con John Nash, Dauhajre utiliza un diálogo ficticio elaborado con inteligencia artificial para examinar los incentivos políticos que postergan decisiones difíciles. El recurso invita a pensar en el costo de aplazar ajustes, pero no constituye una entrevista real ni una recomendación de Nash sobre la República Dominicana.
El gradualismo tampoco garantiza por sí solo un ajuste soportable. Un aumento semanal de 1 %, acumulado durante doce semanas, equivale aproximadamente a 12.7 %. Distribuir el incremento en el tiempo facilita la adaptación, pero no asegura que el salario alcance para cubrirlo.
Una alternativa coherente debe comenzar por compromisos verificables del propio Estado: publicar el rendimiento neto de cada medida, identificar ahorros efectivos y explicar el destino de los recursos. Las compensaciones a hogares vulnerables deben funcionar antes de los aumentos que pretenden cubrir. La regla de combustibles debe permitir tanto subidas como reducciones cuando cambien los costos.
Conviene preservar la simplificación para pequeños negocios y la actualización del ISR, revisar el mayor impuesto a las transacciones y evaluar los incentivos fiscales por sus resultados. También deben protegerse los servicios esenciales y la inversión pública que demuestre beneficios. Esta ruta necesita un presupuesto: no sería serio prometer que combatir la evasión financiará de inmediato todas las necesidades.
El país necesita solvencia, y las familias necesitan capacidad de compra. Una reforma debe evaluarse por ambos resultados. Antes de pedirle otra contribución al ciudadano, el Estado debe mostrar cuánto ahorra, cómo distribuye la carga y qué mejora con ella. La credibilidad fiscal también se construye en el bolsillo del pueblo.