Envían a juicio a miembros de red acusada de robar y vender miles de municiones de la Policía
Santo Domingo, 12 sept.– El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra varios integrantes de una presunta estructura criminal acusada de sustraer y comercializar ilegalmente miles de municiones, armas, explosivos y otros pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.
La decisión incluye al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, antiguo encargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y al capitán Nelson Valdez, quien estaba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución.
También fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
La apertura del proceso fue dispuesta a solicitud del Ministerio Público, representado durante la audiencia preliminar por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó la solicitud de aplicación de un procedimiento penal abreviado presentada por Miguelina Bello Segura y ordenó que el proceso judicial seguido en su contra continúe.
En el caso de Marino Antonio Rodríguez Toribio, el tribunal acogió parcialmente un acuerdo alcanzado entre el órgano acusador y el procesado y lo condenó a cinco años de prisión, que deberá cumplir bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La decisión también dispone la clausura definitiva de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por Rodríguez Toribio, así como el pago de una multa equivalente a diez salarios mínimos del sector público y el decomiso de los bienes incautados al condenado y a la referida razón social.
Respecto a los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000, mediante contrato de fianza suscrito a través de una compañía aseguradora.
Asimismo, les impuso impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
En cuanto a Víctor Manuel Santos Rodríguez, el tribunal mantuvo las medidas de coerción que ya pesaban en su contra, consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La resolución mediante la cual se ordenó la apertura a juicio fue notificada a las partes a través de la Secretaría del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Operación Pandora
Los procesados fueron arrestados en noviembre de 2024, durante la puesta en marcha de la Operación Pandora, una investigación dirigida contra una estructura de corrupción que, según el Ministerio Público, provocó al Estado dominicano pérdidas ascendentes a RD$92,191,732.92.
El supuesto desfalco se habría producido mediante la sustracción de miles de municiones y otros pertrechos que se encontraban bajo la custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión del coronel Féliz Romero.
La Pepca sostiene que personas físicas y jurídicas participaron en la sustracción y posterior venta ilegal de proyectiles, armas, explosivos y otros bienes pertenecientes a la institución del orden.
De acuerdo con el expediente acusatorio, los imputados intervinieron directamente en diversas maniobras destinadas a distraer bienes propiedad de la Policía Nacional, comercializarlos ilegalmente y obtener beneficios económicos, causando perjuicios al Estado.
El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano.
Además, les atribuye infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como legitimación de capitales procedentes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y otros materiales.
La acusación también contempla violaciones a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.