¿Es un apremiante la reforma?

Juan T. Monegro

De entrada, una clasecita con pretensión propedéutica, para no iniciados en fundamentos de economía pública. 

Asúmase que el país es como una grande empresa. Cada cuatro años, sus dueños se reúnen y votan a un consejo directivo: el gobierno, con su presidente a la cabeza. ¿Para qué lo eligen? La respuesta es clara como el agua. Eligen un gobierno para que gobierne (ejerza el poder) tomando decisiones y promoviendo procesos encaminados a la realización en los mejores términos posibles de los objetivos propios del interés nacional, buscando impactar positivamente en la prosperidad, el bienestar y la felicidad de los accionistas, eso que llaman la ciudadanía. 

Como empresa en operación el país produce bienes y servicios. Esta producción es contada, sumada y expresada en un valor para cada período determinado dando lugar a lo que se denomina el Producto Interno Bruto, o PIB; que es algo así como la estimación del valor de las ventas de lo que se produce, por año o trimestre o mes.

Se supone que cuanto más dinámico sea el crecimiento del valor del PIB mayor será la prosperidad, el bienestar, la calidad de vida y la felicidad para los ciudadanos. El consejo directivo de la empresa, que es el superior gobierno, está en función de eso. Gobierna para eso. Su obligación de oficio es procurar esos resultados y que la gente, en mayor o menor medida, los disfrute, los viva, los valore y aprecie como si pan nuestro de cada día.   

Para ello, el gobierno tiene que funcionar; tiene que gobernar, y hacerlo bien. Pero ese funcionamiento conlleva costos y gastos, los cuales, puntualmente, hay que pagar.

Así de simple: una empresa no funciona sin directivos, ni un país funciona sin gobierno. Todos queremos que la grande empresa funcione y produzca bien, pero hay que asumir el costo y pagar las cuentas de tener un gobierno. No se vale aquello de irse “de lechuza”, como cuenta en su relato del Guardia del Arsenal el legendario y tremendo Luis Díaz. 

Primera derivada. De lo anterior se desprende, como primera derivada, lo siguiente. Tener un gobierno que funcione y lo haga bien es buen negocio, un activo invaluable; pero eso tiene su costo, genera una cuenta que hay que pagar.

Resulta muy costoso, en todos los términos, no tener gobierno; por ello conviene y es necesario pagarlo. Parte sustancial del contrato social que da sustento la existencia como nación es estar de acuerdo en pagar el funcionamiento del gobierno, entre todos, de manera equitativa y justa. Esto, a sabiendas de que en eso nos la jugamos de todas, todas. Nos jugamos el futuro del país, la existencia como nación. ¡Todo! 

Ahora bien: ¿de dónde sale el dinero para pagar el gobierno y sus gestiones en función del cometido nacional de la prosperidad, el bienestar, la calidad de vida y la mayor felicidad de los ciudadanos? Sale de los ingresos públicos que se forman a partir del pago de los impuestos o tributos que realizan los ciudadanos y las empresas, y del endeudamiento que, al fin de cuentas será también pagado sacando recursos de las billeteras de los contribuyentes. También, de otros ingresos como donaciones, ganancias y otros conceptos, generalmente de importancia marginal.

En suma: tienes la gran empresa, que es el país, y sus dueños, que son los ciudadanos; tienes su consejo directivo, que es el gobierno de la empresa, y sus funciones y fines estratégicos, que son la prosperidad, la calidad de vida y la felicidad de los ciudadanos. Además, para funcionar como gobierno, realizar sus funciones y cumplir los cometidos, el consejo directivo, con su presidente a la cabeza, incurre en costos y gastos que hemos de pagar entre todos de forma equitativa y justa, y que se salda con base en los ingresos por los diferentes conceptos que tiene el gobierno, principalmente tributos aportados por la ciudadanía y las empresas.

Por supuesto, cuando lo que se gasta en un período supera lo que ingresa por tributo, se produce una brecha gasto-ingreso llamado déficit, que se financia con deuda pública, la cual se pagada con tributos futuros. Pero de que se pagará, se pagará. En esto, ther´s no free luch, reza la popular máxima entre los economistas. Hay que pagar la cuenta.

Esto, de cara a lo que viene, abre campo a una segunda clasecita, con su derivada.