Estado deberá pagar RD$520.49 millones por terrenos expropiados en Samaná tras decisión del Constitucional
Santo Domingo, 9 oct.— El Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión presentado por la Dirección General de Bienes Nacionales y dejó firme una condena que obliga al Estado dominicano a pagar RD$520.49 millones a la empresa Hacienda Fondeur por terrenos expropiados en Samaná.
El monto comprende RD$515,491,872 como compensación por una superficie de 1,536,179.25 metros cuadrados y otros RD$5 millones por daños y perjuicios, conforme a la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
La controversia se remonta a 2001, cuando el decreto 598-01 declaró de utilidad pública e interés social una porción de la parcela 3574, ubicada en Samaná, para establecer un asentamiento de familias campesinas.
Hacienda Fondeur sostuvo que los terrenos estaban destinados a actividades forestales y de reforestación. También advirtió sobre una posible confusión entre el inmueble afectado por la disposición y otras parcelas.
En 2005, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) informó que en una parte de la propiedad existía un asentamiento campesino que había sido oficializado.
Años después, la empresa reclamó el pago correspondiente a los terrenos. Como parte del proceso, la Dirección General del Catastro Nacional emitió el 13 de septiembre de 2024 el avalúo administrativo 167-24. Hacienda Fondeur también obtuvo una tasación privada del inmueble.
El 22 de noviembre de ese año, la compañía presentó una demanda de justiprecio contra el Estado dominicano, Bienes Nacionales y el IAD, con el propósito de obtener una compensación por la propiedad expropiada.
La Cuarta Sala del TSA acogió parcialmente el reclamo el 6 de mayo de 2025 y ordenó el pago de RD$515,491,872 por los terrenos, además de la indemnización de RD$5 millones por daños y perjuicios.
La compensación reconocida por el inmueble equivale aproximadamente a RD$335.57 por metro cuadrado, al dividir el monto establecido entre la superficie objeto de la sentencia.
Después del fallo, la Procuraduría General Administrativa interpuso un recurso de casación en representación del Estado y, según estableció la Suprema Corte de Justicia, también de Bienes Nacionales y del IAD. Bienes Nacionales presentó, además, otro recurso por separado.
La disputa llegó posteriormente al Tribunal Constitucional, que el 1 de octubre de 2026 rechazó la solicitud de revisión de Bienes Nacionales. El tribunal consideró que la institución no explicó de manera concreta cómo la decisión de la Suprema Corte de Justicia había vulnerado sus derechos fundamentales.
El Constitucional no examinó nuevamente el valor de los terrenos ni recalculó la indemnización. Con el rechazo del recurso quedó firme la condena que obliga al Estado a compensar a Hacienda Fondeur.